POCO RUIDO, MUCHAS NUECES
"Menos mediáticos que la vaquita de Pura Vida, pero quizá mucho más importantes, han sido los tres casos de cárteles de precios, sancionados por el Indecopi en las últimas semanas".
ANDRÉS CALDERÓN
"Menos mediáticos que la vaquita de Pura Vida, pero quizá mucho más importantes, han sido los tres casos de cárteles de precios, sancionados por el Indecopi en las últimas semanas".
Hay algo positivo en que buena parte de la prensa nacional haya estado en #modopapa en las últimas semanas: la tranquilidad de la que han gozado los funcionarios que realizaban tareas importantes que poco o nada tenían que ver con la visita de Francisco.
Menos mediáticos que la vaquita de Pura Vida, pero quizá mucho más importantes, han sido los tres casos de cárteles de precios, sancionados por el Indecopi en las últimas semanas.
El primero involucraba a tres grandes envasadoras (Solgas, Lima Gas y Zeta Gas) que, según la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, habían acordado secretamente fijar el precio de los balones de gas entre el 2008 y el 2011. Las multas impuestas a estas empresas y sus principales representantes son de las más altas de la historia del Indecopi, superando los S/74 millones. De menor envergadura, pero también trascendentales, fueron los otros dos procedimientos en los que se sancionó a compañías de grifos con multas superiores a los S/11 millones y S/9 millones, por haber concertado el precio del GLP vehicular en Chimbote y Chiclayo, respectivamente.
Más allá de las significativas multas, dos aspectos ameritan ser destacados. Uno, la prueba de los cárteles se encontró en correos electrónicos de las compañías investigadas. Es decir, había "evidencia dura" contra las empresas. Dos, el Indecopi ha ordenado que las empresas sancionadas cuenten con un oficial de cumplimiento, esto es, una persona especializada que monitoree que las estrategias y actividades comerciales respeten las normas de competencia. Una medida muy necesaria si se toma en cuenta que, en pleno año 2018, aún existen gerentes generales y presidentes de directorio que, con toda desfachatez, se reúnen con sus competidores para coludirse (¿es el caso del 'club de las constructoras'?).
Los reguladores también han dado noticias esperanzadoras. A pocos días de acabar el año, el Ositrán aprobó un Manual de Análisis de Impacto de Regulatorio (AIR) que, en lo sucesivo, deberá ser aplicado por las gerencias de la institución cuando deseen aprobar nuevas normas. En otras palabras, antes de emitir una nueva regulación, la entidad deberá primero probar que existe un problema que amerita su intervención, establecer el objetivo que persigue, someter la propuesta regulatoria a consulta pública, analizar las alternativas a la regulación que se plantea, evaluar su legalidad y que los beneficios superen a los costos, y verificar luego que la regulación cumpla con lo proyectado.
Un camino similar parece estar por recorrer el Osiptel, cuyo presidente anunció hace unos días la celebración de un convenio con la OCDE (principal impulsora del AIR) para evaluar la gestión del regulador peruano. Esta es una buena noticia para las empresas reguladas y sus usuarios. Es de esperar, entonces, un salto de calidad en las propuestas regulatorias de estas entidades, y que se descarten las iniciativas ineficientes o basadas en mera intuición o anécdota (por ejemplo, aquella de imponer un sistema de tarifas en un mercado competitivo como el de televisión por cable).
Finalmente –pero no menos importante–, la nueva Autoridad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales emitió un informe en el que concluye que la Defensoría del Pueblo sí puede tener acceso al expediente y al acta de la sesión de la Comisión de Gracias Presidenciales que dieron sustento al indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori. El dictamen no solo es valioso por su correcta interpretación sobre la prevalencia del derecho de acceso a la información pública por encima del derecho a la intimidad en este caso, sino porque además va en contra de la posición institucional del Ministerio de Justicia, del cual depende la Autoridad de Transparencia. Una muestra de independencia y valentía, digna de saludar.
Publicado en El Comercio, 23 de enero de 2018