El sistema de abastecimiento de energía depende de Camisea y reforzarlo requirirá de nuevas centrales hidroeléctricas y plantas de energías renovables
(Foto: Archivo El Comercio)
ÁLVARO GASTAÑADUÍ RAMÍREZ/ Día_1
El reciente atentado terrorista contra el aeródromo de Kiteni, en el que fueron destruidos tres helicópteros –usados para el mantenimiento del gasoducto de Camisea–, puso en relieve la inseguridad de esa infraestructura y la fragilidad del sistema energético del país, que depende en 50% del gas y del único ducto que lo trae a la costa desde la selva.
Ni en nuestras más terribles pesadillas, los peruanos hemos soñado, y ni siquiera imaginado, lo que pasaría si por alguna razón se interrumpiese el transporte del gas de Camisea. Solo para tener una idea de su impacto, el especialista en hidrocarburos, César Bedón, recuerda que el 44,6% de la electricidad de todo el país se genera en el distrito de Chilca con el gas de Camisea.
Ante esta situación, en el corto plazo, la única opción es darle seguridad al sistema de Camisea para prevenir un nuevo atentado. Eso es lo que ya ha hecho el Gobierno al enviar destacamentos militares y policiales y decidir instalar más comisarías y bases militares en la zona.
Al respecto, el presidente del Comité Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Mark Hoffman, al lamentar el atentado, asegura que es fundamental dar seguridad al sistema, pues una interrupción tendría “implicancias enormes para el país”.
Lo que no puede hacerse es reforzar a corto plazo la seguridad del sector eléctrico. Según el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, toda iniciativa en el sector tomaría en ejecutarse entre tres y cuatro años, pero la planificación –agrega– debe hacerse con unos diez años de anticipación.
RESERVAS EN CONTRA
La interrupción del transporte del gas de Camisea, por cualquier causa que afectara la operatividad del gasoducto, podría paralizar de inmediato las centrales ubicadas en Chilca, que producen la mitad de la electricidad del país.
Sin embargo, producida la paralización de las termoeléctricas que usan gas natural, empezarían a operar los generadores que forman la reserva eléctrica, que está ahora en un preocupante margen de entre 7% y 8%.
Según el presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), César Butrón, ese bajo nivel de reserva –que podría subir a 12% en época de lluvias– se mantendrá hasta el primer o segundo semestre del 2014, cuando empiecen a operar las nuevas centrales hidroeléctricas y de energías renovables, así como los equipos de reserva fría que se construyen en Talara e Ilo.
No obstante ello, Butrón advierte que esas nuevas obras servirán para darle seguridad al sistema, pero en el 2016 su producción será absorbida totalmente por la creciente demanda.
Si no se hace nada por mejorar la infraestructura del sistema energético en general y, además, del gas de Camisea, el país afrontará el mismo riesgo de hoy o posiblemente uno mayor.
OBRAS PRIORITARIAS
Para darle mayor seguridad a todo el sistema energético, el viceministro de Energía, Luis Ortigas, anunció que el Gobierno lanzará en los próximos días el proyecto para construir un nuevo ducto entre la planta Malvinas y la estación de Chiquintirca, en Ayacucho. Desde este último punto parten dos ductos, uno que viene a Lima y el otro que va a Pampa Melchorita, en Chincha, para la exportación de gas.
Además de aumentar la capacidad de transporte, este nuevo gasoducto –que irá por un lugar diferente– será una alternativa en caso se interrumpa el fluido por el sistema principal. Según el viceministro, este proyecto podría estar listo en unos tres años y demandará una inversión de US$400 millones a US$500 millones.
Aunque reconoció que aún no se ha decidido cómo será su financiamiento, explica que su presentación y licitación internacional estará a cargo de Pro Inversión.
Además de este sistema redundante, los ex ministros de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, y Pedro Sánchez Gamarra, proponen que también se construyan depósitos de gas licuefactado y una planta de regasificación en Pampa Melchorita para el mercado interno. En caso de que se interrumpa el fluido de gas, el sistema será abastecido con este gas almacenado.
Además, al contar con esa planta de regasificación podría utilizarse en caso de emergencia una parte del gas natural que es exportado por Perú LNG. Esto es permitido en la Ley General de Hidrocarburos y los contratos de concesión.
Del mismo modo, Sánchez agrega que con esa infraestructura podrían desarrollarse nuevas plantas térmicas o una industria en la zona de Pampa Melchorita.
AUMENTO DE TARIFAS
Al referirse a los costos de estos proyectos, el ex ministro Herrera explica que la inversión del gasoducto redundante y de la planta de gasificación sí se justifica, pues el daño que ocasionaría si no se tiene ese sistema sería muchísimo mayor.
En tal sentido, sostiene que por cada día que se interrumpa la producción eléctrica en Chilca, el Perú perdería alrededor de US$430 millones. Y considerando que la reparación del gasoducto de Camisea demoraría entre 5 y 15 días, el costo de esos sistemas de protección –que costarían cerca de US$1.000 millones– están bien justificados.
Para Butrón, ese costo podría prorratearse en las tarifas mensuales del sistema eléctrico durante varios años. En tal sentido, asegura que el impacto en las tarifas para el consumidor sería menor al 10%, pero la seguridad energética que se ganaría sería mayor.
EN EL HORIZONTE
Butrón reconoce que a mediano y largo plazo el Perú debe desarrollar su energía hidroeléctrica, no solo para diversificar el riesgo sino también para descentralizar la generación eléctrica. Sostiene que el país tiene un gran potencial en esa área.
Sin embargo, recomienda que a largo plazo se piense en megaproyectos como Inambari o Paquitzapango para asegurar la electricidad que requiere el Perú.
Para ello propone que desde el Gobierno se impulsen acuerdos con empresas y comunidades para ejecutar esas iniciativas.
Herrera también advierte que estamos en el momento preciso para iniciar los estudios y conocer los proyectos hidroeléctricos viables que tiene el país.
Explica que esos estudios tomarán de tres a cuatro años y demandarán una inversión de unos US$10 millones. Sin embargo, la ejecución y desarrollo podría tardar entre cinco y siete años adicionales.
También recomienda que se considere a largo plazo la energía geotérmica, cuyo potencial en el Perú llega a los 3.000 MW.
Esta energía, que se genera a partir del calor del núcleo de la tierra, demanda una inversión inicial fuerte, pero sus costos de operación son muy bajos.
Butrón también reconoce que el Perú debe continuar con sus proyectos de energías renovables –eólica, solar y biomasa– en los porcentajes que establece la legislación vigente del 5%.
PARA EL NORTE Y EL SUR
De manera coincidente con el presidente del Comité Eléctrico de la SNMPE, el viceministro Ortigas asegura que el desarrollo del Gasoducto Andino del Sur dará más seguridad y fortaleza al sistema y hasta podría descentralizarse la generación de electricidad en el sur del país.
Asimismo, está convencido de que con los hallazgos de gas en el norte se desarrollarán proyectos de generación térmica en esa zona.
PIEDRAS BUROCRÁTICAS
De manera coincidente, Herrera, Hoffman, Butrón y Sánchez lamentan que el sistema de permisos que otorga el Estado se haya convertido en un verdadero problema para la ejecución de los proyectos. Incluso, la reducción de la reserva eléctrica se debe a la demora en trámites burocráticos.
Según explica Sánchez, hasta la década pasada el Ministerio de Energía era el único que otorgaba permisos para proyectos energéticos, pero ahora intervienen los ministerios de Cultura, Agricultura, Ambiente, el Sernanp y otras entidades.
Incluso, planteó en coincidencia con Butrón, la necesidad de que se establezca una ventanilla o un proceso único que involucre la aprobación de todas las instancias públicas involucradas.
La seguridad energética no depende solo de los proyectos que puedan ejecutarse, sino de la velocidad con que se realicen, es hora de trabajar para los próximos diez años, de lo contrario el sistema eléctrico volverá a estar en riesgo, tal como sucede en estos momentos.
Publicado en El Comercio el Lunes 15 de Octubre del 2012