EL PRINCIPIO DE “REMEDIABILIDAD” COMO CRITERIO DE POLÍTICA ECONÓMICA

 

 

Por José Gallardo K.

 

No obstante los grandes consensos alcanzados por la profesión en diversos temas, subsisten diferencias sobre el curso de la política económica, especialmente en lo referente a su orientación en los siguientes años.

 

Para algunos especialistas es difícil aceptar la idea de realizar cambios en la política económica-léase las importantes tasas de crecimiento, la gradual pero consistente reducción de la pobreza, el clima de inversiones existente, la expansión de la infraestructura y acceso a servicios, las posibilidades de crecimiento futuro en un entorno de cotizaciones favorables, entre otros -da sustento a esta posición. En esta perspectiva, la sola idea de cambio de modelo genera preocupación y evoca etapas de la historia económica del país donde operaron fallidamente empresas públicas y restricciones gubernamentales de diversa índole, causando el estancamiento de la economía.

 

Para otros especialistas, en cambio, es particularmente difícil aceptar que la política económica no sufra modificaciones sustantivas. Las notorias y crecientes desigualdades distributivas, la escasa dinámica en la productividad en diversos sectores y segmentos del mercados laboral, el empleo inadecuado para una gran parte de la PEA, las magras condiciones educativas y de salud para gran parte de la niñez y población en general, el escaso desarrollo en diversas regiones, el inadecuado funcionamiento de las instituciones y, mas importante, lo verosímil de que la situación no se modifique de tal modo que subsista un entorno con limitadas oportunidades para una gran parte de la población, son preocupaciones en esta perspectiva.

 

En este contexto de discrepancias en la profesión, con logros evidentes pero también con retos importantes para la política económica, puede ser relevante plantear como criterio para la política económica el principio de “remediabilidad”, utilizado en la teoría de las organizaciones. El principio señala que una organización es eficiente cuando no existen alternativas factibles que puedan ser implementadas con ganancias netas. El principio tiene varias conveniencias pues (i) elimina comparaciones con situación ideales o hipotecas, que aunque deseables no son factibles, (ii) privilegia opciones con generación de beneficios netos, es decir, considera en el análisis los costos de implementación tanto los económicos, como los políticos y (iii) elimina opciones llamativas, costosas, pero sin beneficios concretos.

 

Aplicado a la política económica, el principio enfatizaría la selección de opciones de política factibles que generen ganancias sustantivas de bienestar, a la vez que eliminaría políticas efectistas sin resultado reales. Es decir, se tendría un proceso de generación de políticas eficiente. El criterio sugeriría explotar la proclividad de las burocracias dentro de un marco jurídico estable para el logro de una agenda a la vez seria y razonable. Como ejemplo se pueden citar algunos casos de la administración Toledo, donde distintas unidades técnicas mostraron la factibilidad de proactividad con estabilidad. En la macro, la implementación de un esquema de inflación targeting, un política de acumulación preventiva de reservas y control de la volatilidad del tipo de cambio en la autoridad monetaria, y la ampliación de la base tributaria, el incremento de la presión tributaria (de 11% a casi 15%) y el ordenamiento del gasto en la autoridad fiscal. En los sectores regulados, la implementación de una supervisión por resultados y una estrategia disuasiva para los sectores de hidrocarburos y electricidad, y el sustancial ajuste de tarifas y la fuerte promoción de esquemas de competencia en el sector telecomunicaciones. En otros sectores, la creación e impulso de programas sociales de transferencias condicionadas, programas de vivienda y de expansión de infraestructura, la aplicación temprana de elementos de la moderna política industrial en el sector agrícola (programa Incagro), entre otros.

 

Estas políticas que tuvieron un impacto grande sobre el bienestar, son responsables, en buena medida, de los aspectos positivos de la economía actualmente, y pasaron largamente el test de razonabilidad económica y viabilidad política.

 

Fuente: Diario Gestión (13/05/10)