La demanda de EEUU contra Standard & Poor´s: un avance contra la impunidad de quienes generaron la crisis global
Alejandro Ducaroff Aguiar
El gobierno de EEUU anunció la presentación de una demanda ante la Corte de Los Angeles, reclamando a la calificadora de riesgos Standard & Poor´s (S&P) de 5.000 millones de dólares como indemnización por daños causados a raíz de su conducta antijurídica durante la crisis financiera.
Si bien existían importantes antecedentes –varios de los cuales mencionados en esta columna- de acciones contra grandes bancos, por ejemplo las promovidas por la Agencia Federal de Vivienda, la SEC (organismo de supervisión del mercado financiero) y por fiscales federales-, se trata del primer caso conocido planteado contra quienes prestaron decisivo apoyo para la venta masiva de “productos financieros” como los “derivados”: la calificación interesada, errónea o simplemente fraudulenta de los mismos.
En efecto, las calificadoras dieron altas puntuaciones –en especial durante los años previos a la crisis- a títulos que después devinieron en “basura” y permitieron, con su participación –asumida como “objetiva y transparente” por los inversores- que tales instrumentos, cuya conformación era desconocida para la gran mayoría, contaminaran el mercado hasta generar la monstruosa crisis global cuyos resultados sigue padeciendo el mundo.
Los fiscales fundaron el reclamo en que la firma demandada infló calificaciones de crédito y subestimó riesgos asociados con títulos hipotecarios, a fin de obtener más negocios de los bancos de inversión que emitieron los títulos. Se imputa a S&P declarar falsamente que sus calificaciones de crédito eran objetivas. Entre 2004 y 2007, con la crisis inmobiliaria a punto de estallar, retrasó actualizaciones a sus criterios de calificación y modelos analíticos y calificó títulos hipotecarios valuados en 2.8 billones de dólares y productos vinculados estructurados valuados en 1.2 billones de dólares, rápida y fuertemente depreciados.
En palabras de Eric Holder, fiscal general, "Al inflar deliberadamente calificaciones de crédito… S&P confundió a los inversores, incluyendo a muchas instituciones financieras aseguradas por el Gobierno, provocando que perdieran millones de dólares".
Hace pocos meses comentamos un estudio del Banco Central Europeo (BCE) que arrojó gravísimas conclusiones sobre la actividad de las tres grandes agencias de calificación. Tras analizar 38.753 (!) calificaciones de bancos de EEUU y Europa realizadas por Moody´s, Standard & Poor y Fitch entre 1990 y 2011, se denunciaron graves conflictos de intereses entre aquellas y los bancos calificados y que eso afecta el proceso de calificación de dichos bancos y de los títulos que emiten o comercializan. Según el estudio, las calificadoras tratan mucho mejor a los bancos que les entregan más negocios, los favorecidos son por lo general los grandes bancos, las distorsiones alteran la competencia y fortalecen a las entidades “demasiado grandes para caer” y se han cometido errores garrafales en la calificación, destacándose el caso de Lehman Brothers y las notas “excelentes” otorgadas a títulos de hipotecas basura en Estados Unidos.
Las gruesas fallas de las calificadoras habían sido destacadas antes por la Comisión del Congreso estadounidense que estudió la crisis financiera, que llegó a afirmar: “Esta crisis no habría podido ocurrir sin las agencias.”
Resaltábamos en aquella columna la necesidad de que las calificadoras –enormes compañías de inmenso poder económico y gran incidencia en la economía mundial- afrontasen la responsabilidad jurídica y patrimonial que les cabe, pues su accionar demostraba, como mínimo, una grosera mala praxis, sin perjuicio de que corresponde investigar y castigar el dolo y el fraude cuando se hayan configurado. Igualmente subrayamos las enormes ganancias obtenidas gracias a ese obrar culposo o doloso.
Ahora el gobierno estadounidense ha iniciado un camino hacia el esclarecimiento de la responsabilidad de uno de esos grandes actores y causantes de la crisis. Sin duda es una buena noticia para toda la sociedad.
Es deseable que los reclamos sigan planteándose, tanto contra las calificadoras como respecto de los demás responsables –las empresas, sus directivos y sus socios con poder de decisión- para lograr un recupero –cuando menos parcial- de los enormes daños colectivos e individuales sufridos y para que la justa reparación sirva de advertencia seria que evite la repetición de las conductas ilícitas y dañosas.
El fin de la impunidad de que –en general y hasta ahora- gozan quienes tanto daño hicieron es fundamental para que podamos considerar vigentes las normas del Estado de Derecho democrático.
Fuente: www.elpais24.com