Bajo la sombra del bosque
Concesiones, plantaciones, venta de tierras, palma aceitera, cedro y caoba, TLC,
Ley de la Selva, regiones, biocombustibles, desarrollo, servicios ambientales,
deforestación evitada, captura de carbono, perros del hortelano. Son muchos los
términos, mayores las tensiones y cada vez mas habituales los conflictos cuando
se habla de bosques y especialmente del bosque lluvioso en la amazonía peruana.
El Perú es el segundo país con mayor cobertura forestal en América Latina, luego
de Brasil, y el octavo en el mundo. Cuenta con casi 69 millones de hectáreas de
cobertura forestal, se calcula que existen más de 9 millones de hectáreas
desforestadas. El 80% del territorio corresponde a tierras aptas para la
producción forestal, pero este potencial no se refleja en la economía, ya que
aporta menos del 1% al PBI nacional.
La explicación a esta eventual contradicción entre potencial del recurso y
marginalidad de la actividad esta en distintas fuentes: políticas que han
promovido la colonización de la amazonia sin considerar la fragilidad del
ecosistema; normas de promoción de la actividad agraria que incentivan el uso
del suelo con fines agrarios mas que la actividad forestal; inexistencia de
financiamiento para la actividad forestal; inexistencia de financiamiento para
la actividad forestal; institucionalidad débil y afectada por la corrupción;
legislación forestal perversa ( de 1975 al 2000) y promotora de practicas de
habilitación y enganche en desmedro de las poblaciones mas pobres. La razón
última es la falta de una visión de país y la inexistencia de políticas de
Estado y objetivos claros en relación a la amazonia y el potencial de los
bosques.
Ni siquiera la elaboración de la Estrategia Nacional Forestal 2002-2021,
aprobada oficialmente durante el Gobierno de Toledo, o el Plan Nacional de
Reforestación 2005-2024, permiten afinar el objetivo y trazar las acciones para
definir una meta común.
El ninguneado sector forestal
Se pensó que con la Ley Forestal, del 2000, se promovería un manejo adecuado del
bosque. Moderna para algunos, cuestionada por otros, introdujo una serie de
conceptos novedosos: Ordenamiento Forestal (y la creación de Bosques de
Producción Permanente), concesiones, manejo forestal sostenible, certificación
de bosques manejados, incentivos, aprovechamiento de recursos no maderables,
ecoturismo y servicios ambientales, etc.
S in embargo, el presidente García señala que “hoy solo existen las concesiones
que dependen de la voluntad del gobierno y del funcionario que puede
modificarlas. Por eso nadie invierte ni crea un puesto de trabajo (…) en su
mayoría esas concesiones rapiña solo han servido para sacar la madera mas fina,
desforestar y abandonar el terreno”. Esto desconoce que es la inacción de su
gobierno la que impide un adecuado funcionamiento del sistema, al no poner en
vigencia los elementos que debían acompañarlo: financiamiento, registro,
fiscalización y sanción, concursos transparentes y continuos. Pura y simple
voluntad política.
Extraña contradicción gubernamental: ningunear el régimen forestal, pero a su
vez obligarse con el gobierno de los Estados Unidos, a través del TLC, a
fortalecer el sistema, mejorar la institucionalidad forestal, perseguir la tala
ilegal y penalizar el comercio ilegal de productos forestales.
La ley de la selva
Todos parecen haber olvidado que hacia finales del gobierno de Toledo, en julio
del 2006, el Congreso aprobó la Ley de Promoción de las Inversiones en
Reforestación y Agroforesteria.
Esta ley – llamada por el entonces congresista Javier Diez Canseco la “Ley
Romero”, en alusión a las inversiones del grupo Romero en plantaciones de palma
aceitera en la amazonía y al supuesto interés en esta norma-, saco la promoción
de plantaciones forestales con fines comerciales del ámbito de la Ley Forestal y
del INRENA, porque ambos le resultaban incómodos a los potenciales
inversionistas. Se dejo a la actividad de reforestación en un limbo jurídico e
institucional, sujeto al control de Proinversión, que carece de la especialidad
y experiencia para asumir esta atarea. Ello puso en evidencia una visión de la
amazonía como simple proveedora de madera.
Lo que no lograron los promotores de la ley es que se aprobara la venta de
tierras en la amazonía con fines de reforestación. Ante la oposición de un grupo
importante de congresistas se opto porque el derecho a otorgarse sea el de
concesión, que permite al Estado una mayor supervisión y, de ser necesario, la
sanción.
Sin embargo ello no quedo ahí. Basado en la posición presidencial expresada en
la serie de artículos sobre el llamado “perro de hortelano”, el Poder Ejecutivo
presento el Proyecto de Ley 840-2006-PE, que retoma la iniciativa de la venta de
tierras. Este proyecto, al que se le ha denominado “Ley de la selva”, ha
generado la oposición del Consejo Interregional de la Amazonía (CIAM) y ha
motivado una consulta pública en Loreto.
La oposición a la “Ley de la Selva” se sustenta en las pocas consideraciones
ambientales y sociales del proyecto. Entre otros aspectos:
- No garantiza la integridad del bosque natural, repitiéndose la mala
experiencia de derechos para reforestar otorgados en Jenaro Herrera y Yaquerana
(Loreto), donde se verifico la existencia de una importante cobertura de bosque
primario.
- No queda preciso lo que se considera un área deforestada o degradada.
- No se reconoce la existencia de derechos preexistentes, propietarios, colonos,
ribereños, ni comunidades.
- No se establecen las condiciones mínimas que deberían cumplir los
beneficiarios de estas áreas.
No obstante estos reparos, el Ejecutivo siguió insistiendo con su propuesta, y
con el apoyo del Congresista Franklin Sánchez, Presidente de la Comisión
Agraria, ahora tiene como propuesta un texto lleno de parches, que intentaría,
según este, satisfacer a todos, pero que en realidad pareciera no satisfacer a
nadie. Al cierre de esa edición se reunieron en Puerto Maldonado los Presidentes
de los Gobiernos Regionales de la amazonia, con el Presidente del Consejo de
Ministros, y según este último se habían puesto de acuerdo con el Proyecto 840.
¿Será cierto ello?
La demanda regional
El 2002 se dicto la denominada Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que precisa
las competencias y funciones de estos. Una de ellas es la de otorgar
concesiones, permisos y autorizaciones en materia forestal y supervisar el
cumplimiento de estas normas.
Esta función sin embargo sigue sin ser transferida. Desde el gobierno central se
adoptan medidas que, bajo la excusa de regular otros temas – plantaciones
forestales (a las que consideran cultivos, cual alcachofas o esparragaos) o
biocombustibles-, ingresan indebidamente a la competencia que las regiones
reclaman sea finalmente transferida.
Aunque en el discurso se diga lo contrario, no pareciera existir la suficiente
voluntad política para terminar con el proceso. Ello esta en la base de las
actuales tensiones alrededor del bosque.
El bosque tiene cara de madera, es lo que el gobierno plantea. Tiene cara de
ecosistema, servicios, captura de carbono, localidades, subsistencia, es lo que
los grupos en la amazonia reclaman. El bosque todavía no da la sombra que genera
el sosiego. Queda mucho por hacer.
De maderas finas, cuotas y TLC
En enero de este año paso desapercibida la presencia de una numerosa delegación
de representantes del gobierno de los Estado Unidos, que con el viceministerio
de Comercio avanzan en el proceso de implementación del TLC, condición previa
para la vigencia plena del acuerdo comercial, calculada para el año 2009.
La implementación tiene como objetivo plantear una línea base a partir de la
cual, en aplicación del TLC, empiezan a regir las obligaciones. Para ello se
elabora una matriz o check list.
¿Es relevante este proceso en la mejora del sector forestal en el Perú?
Mucho, por cuanto la Addenda al TLC introdujo una serie de obligaciones muy
estrictas en materia forestal, orientadas a mejorar en un plazo de 18 meses el
manejo sostenible de este recurso. Una de las obligaciones señala que el Perú
debe conducir estudios técnicos para determinar el rendimiento de productos en
relación a las cuotas de exportación, ya que la carencia de estos estudios
genera exportación de madera proveniente de tala ilegal.
En cumplimiento de ello el INREA dicto en enero de 2008 normas para establecer
con sustento técnico la cuota de rendimiento para exportación de cedro y caoba.
Es decir de un árbol en pie, ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento para la
exportación? El resultado de este estudio para caoba determino que es del 26%.
Antes de ello se calculaba la cuota en más del 65%. Obviamente la diferencia en
los porcentajes se produce porque hasta la fecha se sigue exportando caoba que
proviene la tala ilegal o blanqueo y de la adulteración de las guías de
transporte forestal.
Esto no le gusto al sector maderero. Por presión de este se removió de su cargo
al Intendente Forestal, que había preparado la norma basado en estudios
técnicos. Tras ello se dicto una nueva norma que posterga la vigencia de la
cuota establecida hasta el 2009, año en que seguramente bajo nuevas presiones se
volverá a postergar o modificar. Estas medidas representan un incumplimiento de
las obligaciones que como país se han asumido en relación al TLC ¿Tendrá ello
alguna consecuencia? Solo el tiempo lo dirá.
Publicado por Revista “Bajo la lupa”. Edición Nº 6. Editado en Lima, marzo de
2008.