AUTOR: DUBERLÍ RODRÍGUEZ TINEO
PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL
En noviembre pasado, en Lima, el Poder Judicial e instituciones como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y la Defensoría del Pueblo suscribimos el “Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental en el Perú”, que contiene diez compromisos para mejorar la justicia ambiental en el país y, en particular, en Madre de Dios, una de las zonas más afectadas por la minería ilegal, trata de personas, deforestación, contrabando y otros delitos. Lejos de ser un gesto de buenas intenciones, esta iniciativa asumida por diversas instituciones, tanto públicas como privadas, ya consiguió avances tangibles y forma parte de un esfuerzo para romper la inamovilidad, o la lentitud, en la actuación del Estado ante un drama nacional.
Algunos de estos acuerdos son mejorar el acceso a la justicia ambiental y el desempeño del sistema jurídico en esta materia; difundirla importancia de los derechos ambientales; fortalecer las capacidades de defensa jurídica del Estado en temas ambientales; y aplicar la especialidad ambiental en las entidades estatales. “Asegurar la efectiva protección de los derechos humanos a la vida, a la salud, a la integridad y a gozar de un ambiente sano y equilibrado de las personas, contribuyendo a evitar los escenarios de afectación a ciudadanos y al patrimonio natural nacional, así como a contar con herramientas concretas para asegurar acciones de prevención, resarcimiento y/o afines por posibles o reales vulneraciones de derechos”, es la primera idea que en marca el acuerdo de diez puntos.
Aunque los compromisos están vinculados a la justicia ambiental propiamente dicha, este acuerdo también convoca a la sociedad a sumarse y ser parte, pues demanda “revalorizar y salvaguardar los importantes servicios que brindan los ecosistemas para la satisfacción de las necesidades y desarrollo de la ciudadanía, especialmente de la población vulnerable y de los pueblos indígenas”. Y agrega: “Por ello, es necesario aplicar estímulos concretos para mantener y expandir las prácticas sociales positivas en relación con los ecosistemas, así como para cambiar las prácticas insostenibles de consumo, degradación y depredación”, es decir, es una plataforma convocante. Este documento, firmado en Palacio de Justicia, constituyó un paso firme en el camino de la institución judicial por acercar la justicia a los que más lo necesitan, una misión que creemos es fundamental.
El derecho al ambiente
La demanda de justicia en el país es una tarea vasta. Las personas que acuden al Poder Judicial, recordamos hace pocos días atrás al inaugurar el nuevo año judicial, no lo hacen para pedir favores, sino que lo hacen para exigir derechos. Uno de esos derechos fundamentales, contenido en el artículo 2, inciso 22, de la Constitución, es vivir en un medioambiente equilibrado y adecuado a la vida. La función jurisdiccional vela por el cumplimiento de ese derecho y sanciona los delitos ambientales. Pero, siendo nuestro país de naturaleza multidiversa y en un contexto de dinamismo de las actividades productivas que permiten la meta nacional del crecimiento económico, los jueces enfrentan muchos retos para conseguir que la justicia ambiental funcione eficientemente y más peruanos accedan a ella.
En el 2016, el Poder Judicial registró un total de 1,671 procesos penales en materia ambiental, de los cuales se dieron 692 sentencias, cifra que corresponde al Estudio de Identificación de Incidencia de Casos en Materia Ambiental, encargado por el Poder Judicial. Respecto a los ingresos de procesos contenciosos administrativos, en el mismo año se admitieron 8,266 casos. En general, los procesos que llegan a los juzgados por delitos ambientales crecen año a año. Sin embargo, según cifras del 2017, el número de personas internas en un centro penitenciario por delitos ambientales eran de apenas 47: dos de ellos sentenciados y los demás en condición de procesados. Curiosamente, ninguno de los que se encuentran entre rejas por disposición judicial cumple penas vinculadas al delito de minería ilegal.
Ambiente en agenda
A inicios del 2017, al plantearnos las metas para nuestra gestión al mando del Poder Judicial, pusimos en un lugar importante de nuestra agenda a la justicia ambiental, ámbito de la acción judicial con avances insuficientes. Visualizamos como meta una aplicación especializada, eficaz y eficiente de la justicia ambiental ante al creciente número de reclamos en esa materia, en las especialidades penal, contencioso administrativa, constitucional, civil, consuetudinaria y especial.
La exitosa realización, el pasado 31 de noviembre y 1 de diciembre, del Primer Congreso Internacional de Justicia Ambiental en Puerto Maldonado, la capital de Madre de Dios, respondió a ese compromiso. En este evento, jueces y operadores de la justicia, así como funcionarios públicos y expertos nacionales y extranjeros, compartimos experiencias y debatimos intensamente sobre cómo potenciarla acción jurisdiccional para proteger el Medio ambiente y la sostenibilidad.
En el diálogo participaron, no cabía menos, los líderes de los pueblos originarios, las principales víctimas de la depredación, de la contaminación o la afectación de los ambientes naturales. Ahí, entre los aires amazónicos, los participantes ratificaron el Pacto de Madre de Dios. La apuesta para fortalecer las capacidades de la defensa jurídica del Estado en materia ambiental, así como la especialización en las diversas entidades públicas, se adoptó además animados por el gesto del papa Francisco, quien puso al lejano Madre de Dios entre las ciudades de su próxima gira por el Perú.
La visita a la región castigada por la minería ilegal por parte de la primera autoridad de la Iglesia católica, nos indica que, en su peregrinaje al Perú, Francisco reiterará su mensaje plasmado en el “Laudato sí”, en que el sumo pontífice hace un alegato para salvar al mundo de la “crisis ecológica”. “Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta”, dice Francisco en su carta encíclica, y Madre de Dios es el mejor lugar para iniciar este diálogo en esta parte del mundo.
El Pacto de Madre de Dios, que enfatiza la necesidad de asegurar la protección efectiva delos derechos de las personas a la vida, a la salud, a la integridad y a gozar de un ambiente sano y equilibrado de las personas, es una contribución a esos compromisos urgentes que demandan las nuevas realidades del planeta. Y en atención a los buenos oficios de la Iglesia, este importante documento será entregado próximamente al papa Francisco, durante su visita a nuestro país.
Publicado por: Jurídica, 16 de Enero del 2018.