1. Hace dos semanas, se registró un nuevo acto delictivo en el Ramal Norte del oleoducto. Toda la información con que se cuenta hasta el momento permite concluir que se trata de un nuevo daño internacional, el cual tiene consecuencias nefastas para el ecosistema amazónico, las comunidades nativas de la zona y la industria petrolera del país.
2. Ante la repetición y gravedad de estos actos vandálicos, es importante reflexionar sobre la naturaleza del problema que estamos enfrentando. ¿Por qué estas comunidades, cuyo bienestar está íntimamente ligado a la salud del ecosistema en que viven, sabotearían el oleoducto y buscarían que el derrame se propague y afecte al río Marañón? No tiene sentido. El ciudadano de a pie de la Amazonía no puede querer esto.
3. Sin embargo, cuando el personal de Petroperú identificó el derrame de manera temprana, y trató de aplicar el plan de contingencia correspondiente, un grupo de pobladores no permitió que los trabajadores de la empresa realizasen el trabajo de mitigación requerido. Solo recién después de varias horas, y luego de que sertiese innecesariamente un volumen importante de crudo en una quebrada que desemboca en el río Marañón, se pudo colocar una grapa provisional e instalar barreras de contención. Pero los trabajos finales y las labores de limpieza y remediación de la zona siguen sin poder realizarse.
4. Es importante poner énfasis en que el evento bajo análisis no es un hecho aislado; se trata de un ataque más, dentro de una sucuencia sistemática contra el oleoducto, un activo crítico nacional que carece del debido resguardo. Esto último contrasta con la protección que nuestras Fuerzas Armadas brindan el gasoducto que transporta el gas de Camisea hacia la costa. Si el gasoducto no contase con la protección requerida, cerca del 50% de la generación eléctrica del país estaría en peligro.
5. Sin duda, la solución del problema no solo radica en brindar la seguridad requerida al ducto, aunque es un elemnto esencial. Se requiere dar una estrategia integral que enfrente la compleja realidad que está detrás de esta problemática. Resulta indispensable que el Estado brinde bienes y servicios públicos mínimos a las comunidades nativas de la Amazonía, como lo hace en otras partes del territorio nacional. Nuestro Estado debe legitimarse, pues la verdad es que ha estado ausente en gran parte de este territorio. También es cierto que hoy, después de más de 40 años de explotación de hidrocarburos en la Amazonía, muchas de las comunidades de las zonas donde operan las empresas petroleras no perciben que su bienestar se haya incrementado, sino más bien se ha deteriorado.
6. Junto al Minen, el MEF y la PCM, PetroPerú está trabajando en esbozar una estrategia de esta naturaleza, identificando los diferentes instrumentos de política, los distintos actores que deben formar parte de ella y los costos. Hay mucho por trabajar, estamos pagando las consecuencias de décadas de olvido, pero también es cierto que estamos enfrentando a algunos líderes -no todos- que pueden estar motivados por incentivos perversos generados por las soluciones cortoplacistas que se dieron en el pasado a actos de sabotaje similares al aquí analizado.
7.Necesitamos actuar con racionalidad y firmeza, con compromiso social y fomentando el diálogo, pero siempre dentro de los márgenes que imponen el orden y la paz que demanda el Perú. El Estado no debe, ni puede, renunciar al principio de autoridad, aunque esté en falta.
Publicado por: Gestión, 04 de julio del 2019.