La presidenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Tessy Torres, señaló que el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Tía María podría "ameritar algún tipo de corrección".
Para la funcionaria, la evaluación permitirá establecer cambios en el EIA.
"En eso estamos, desde ahí podrían surgir algunas propuestas de mejoras en la medida de lo que evidenciemos en campo. Estamos sujetos a los resultados", mencionó el fin de semana a TV Perú.
Respaldo
Por su parte, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz sostuvo que la empresa puede hacer modificaciones del EIA.
"Sería una de las salidas más inteligentes e importantes que podrían hacer", señaló en Agenda Política.
Pese a rechazar que un sector de la población de Islay, donde se ubica Tía María, ponga condicines a la compañía para iniciar el diálogo, Muñoz evitó responder en varias oportunidades si el proyecto debe ir o no.
Días antes, señaló que el Ejecutivo tiene conocimiento de que "no existen las condiciones sociales" para que se inicie la construcción del proyecto en Islay, pero esperarán las conclusiones del informe que estarán listas en esta semana, según señaló.
"Mucha gente nos ha dicho que la empresa ya ha empezado a construir. Esta comisión verificarán que no se haya empezado ninguna obra que no esté considerada dentro del EIA", manifestó.
Muñoz agregó que si bien existen limitaciones, confía en una "actitud responsbale" de la empresa luego de los resultados.
No participa no opina
Aunque el presidente Martín Vizcarra señaló que su Gobierno "trabajará siempre de la mano con el pueblo y sus autoridades", en la evaluación sobre las condiciones de viabilidad por la OEFA, No consideró la participación de la Autoridad Regional del Ambiente de Arequipa, señaló Carlos Santos, su gerente general.
Según el funcionario, la ministra del Ambiente negó la colaboración de un equipo técnico en las inspecciones de la OEFA y del Minam (Ministerio del Ambiente).
"Nos han negado participación. La evaluación debería realizarse con participación de todas las instituciones involucradas", señaló.
Asimismo, cuestionó la posición del Ejecutivo frente a la transparencia del informe.
"¿Cómo pueden venir a Arequipa a anunciar que no se va a imponer un proyecto cuando no dejan que el Gobierno Regional de Arequipa participe como veedor?", sostuvo el funcionario.
Sin embargo, pese a las supuestas peticiones eludidas, Muñoz ratificó que el Ejecutivo mantendrán su posición y que impulsará la creación de un sistema de monitoreo participativo entre el Estado y la población de Valle de Tambo sobre el proyecto.
Último recurso
Tras más de 100 días de paralización en el Valle de Tambo, el Ejecutivo mantendrá su posición y que impulsará la creación de un sistema de monitoreo participativo entre el Estado y la población de Valle de Tambo sobre el proyecto.
Último recurso
Tras más de 100 días de paralización en el Valle de Tambo, el Ejecutivo aún mantiene la esperanza de restablecer el diálogo en Islay.
Muñoz, señaló que la violencia y las para lizaciones no permitirán establecer las condiciones para que el proyecto inice.
"Llamo a toda la población a que entienda que el diálogo es la única forma de seguir avanzando. Los invoco a mantener la calma", mencionó Muñoz.
Añadió que la resolución del CM no corresponde a la opinión del Gobierno.
En corto
Sin consenso. Nuevamente el diálogo entre el Ejecutivo y los pobladores de Tumilaca en Moquegua se frustra.
El paro programado para el 5 de noviembre parece no tener vuelta atrás. Mientras tanto, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, persiste en el diálogo.
"Hemos cumplido con lo que nos han pedido. Mantenemos la posición de seguir conversando". señaló.
Sin embargo, frentes opositores señalaron que el Gobierno "no entregó la documentación" y que "el diálogo no es una opción".
Fuente: Gestión, 04 de Noviembre del 2019.
Mientras que en Lima, el Ejecutivo exhorta al diálogo tras conocerse el sí del Consejo de Nacional de Minería a la licencia de construcción del proyecto Tía Maía; en Islay, el Gobierno Regional de Arequipa prepara tres posibles recursos para decirle no a Southern.
Según el abogado Walter Paz, asesor de dicho gobierno regional, las medidas legales se definirán después del proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
“Tenemos varias vías: la administrativa y la judicial. En esta última con una acción de amparo o medida cautelar. Vamos a revisar las acciones después de la evaluación”, señaló Paz en una rueda de prensa.
Emplazamiento
Durante la conferencia, además, se leyó el oficio que ayer se envió a Southern, en el que se le pide la devolución del predio que el Gobierno Regional de Arequipa le otorgó en servidumbre y donde se debería de construir Tía María.
Dicho terreno se entregó a la compañía el 4 de agosto del 2017, cuando el gobierno regional era encabezado por Yamila Osorio.
El predio es de 49 mil 532 hectáreas, las cuales se encuentran ubicadas en las pampas Cachendo, en los distritos de Cocachacra y Mejía, en Islay.
En el oficio, se precisa que se le dan diez días hábiles a Southern para que desocupe los terrenos.
Entre los argumentos, esgrimidos para la medida, está que los terrenos donde se construiría Tía María impedirían el paso del gasoducto. Walter Paz indicó que esta superposición está consignada en documentos de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
Servidumbre en duda
Después que Justiniano Apaza, miembro de la Comisión Permanente, presentara una carta en la que culpa al gobierno regional de facilitar la decisión del CM a favor de la empresa minera, funcionarios de Arequipa detallaron que “no se anuló” la resolución sobre la servidumbre en la Pampa de Cachendo.
“No se devolvió la servidumbre a Southern, se abrió paso a una evaluación a la petición de la empresa. Todos pueden presentar peticiones”, señalaron.
Agregó que la SBN entregó actas provisionales, no definitivas.
“El Consejo de Minería cometió un grave error al sostener que se encuentran vigentes las actas”, mencionó.
En corto
Medidas ineficientes. La Defensoría del Pueblo se pronunció y señaló que las medidas adoptadas por el Ejecutivo para avanzar el proceso de diálogo son “ineficientes”. Exhortó a emitir cambios positivos con el fin de salvaguardar la seguridad en Islay.
“Le pedimos a la PNP que toda intervención debe hacerse en respeto de los derechos”, suscribió.
Fuente: Gestión, 05 de noviembre del 2019.