Ante los incipientes casos de desmonte y deforestación, Paraguay comenzó a fiscalizar de manera estricta a propietarios de inmuebles y productores agropecuarios que no cumplen con los protocolos medioambientales. Los infractores pueden ser procesados penalmente y recibir severas sanciones como la privación de libertad, además de multas económicas para reparar el daño causado.
El Ministero de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), encabezado por César Ariel Oviedo Verdún, se ocupa de las problemáticas ambientales "con el objetivo de preservar, conservar y recomponer los recursos naturales del país".
Pero sobre todo, la cartera que dirige está abocada al control del desmonte ilegal, el cuidado de las especies nativas y el uso indiscriminado del sueldo, debido a la existencia de diferentes casos de violación a las normas ambientales.
Según normas informadas por Infobae, son varias las infracciones cometidas por los titulares de inmuebles, como por ejemplo, no informar el cambio de uso del suelo (pasar de producir un cultivo por otro).
"Este accionar produce un daño casi irreparable, tan importante quizás, como el ocasionado por la deforestación. Si existe una deforestación ambiental recurriremos a todos los medios necesarios, aunque la tarea sea ardua, para dar batalla contra propietarios, quienes por lograr una mayor rentabilidad, comprometen el futuro", explicaron fuentes del ministerio paraguayo.
Legislación ambiental
Desde el 2004, en Paraguay se encuentra vigente la Ley que prohíbe en la Región Oriental del país realizar cambios de uso de suelo: de bosque a actividades agropecuarias, industriales o para asentamientos humanos.
Ademas, en todo el territorio Paraguayo los establecimientos agrícolas están obligados, según la Ley Forestal N° 422/73, a mantener el 25% del área de la propiedad con bosques naturales. En caso de no cumplir con la legislación, se prevén sanciones administrativas y penales, donde se obliga a los infractores a recomponer el daño. Si no, pueden ir a la cárcel con penas de entre 3 y 8 años de prisión.
Este accionar produce un daño casi irreparable, tan importante quizás, como el ocasionado por la deforestación. Si existe una violación ambiental recurriremos a todos los medios necesarios, aunque la tarea sea ardua, para dar batalla contra propietarios, quienes por lograr una mayor rentabilidad, comprometen el futuro.
En diálogo con Infobae, un productor agropecuario paraguayo explicó: "La deforestación y la falta de cumplimiento de las normas tienen graves consecuencias: el hecho de que se desmonte una hectárea en la Argentina o Paraguay nos afecta a todos, porque somos ciudadanos del mundo. Es fundamental el trabajo del MADES y el apoyo de todas las organizaciones para crear una fuerza que multiplique el ciudadano del medio ambiente".
Acciones concretas
Como ejemplo, a principios de octubre, en la localidad de Corpus Christi, en el departamento de Canindeyú de la República paraguaya, a unos 300 kilómetros de Formosa, fiscalizadores del MADES intervinieron una estancia de producción agrogadera por el desmonte de un área nativa.
Las irregularidades encontradas en la propiedad no solo fueron deforestaión y cambio de uso de suelo, sino también alteraciones de uso en una zona de franja de protección de cauce hídrico.
Vale recordar que la Ley N°3239 de Recursos Hídricos de Paraguay y la N°4241/2010 establecen que "el ancho mínimo de bosque protector que se debe mantener en cada margen dependiendo del ancho del cauce".
Los oficiales del MADES explicaron que además, se observó en una zona del establecimiento restos de vegetación de destronque acumulado. "Es indudable que las actividades realizadas en esta estancia alteraron las condiciones naturales del lugar, así como el hábitat de la vida silvestre", afirmaron desde la cartera nacional.
Los funcionarios labraron el acta correspondiente que remitida a la Dirección de Asesoría Jurídica del ente ambiental, con la intervención de la Fiscalía especializada en Delitos Ambientales, a cargo del fiscal Victor Adolfo Santander. Según pudo saber este medio, dicho inmueble pertenecía a la firma Ganadera y Agrícola Palmeira S.A., propiedad de Martha y José Luis Manzoni.
En tanto, la Cámara de Diputados se expidió al respecto, solicitando un pedido de informe al Ministerio para realizar el seguimiento del impacto causado al medio ambiente.
Fuente: Compacto Nea, 02 de Noviembre del 2020.
