Ayer por la tarde, en el pleno del Congreso se puso a debate el proyecto de ley que tiene como objetivo promocionar y fortalecer la agricultura en el Perú. Sin embargo, la iniciativa fue devuelta a la Comisión de Economía para un mayor análisis.
Esta decisión se tomó luego del pedido del congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, quien incidió en que el proyecto debería retornar a la Comisión de Economía porque ya el Gobierno había publicado el Decreto Legislativo N° 1515 por el cual se otorgaron beneficios similares a los que se planeaban aprobar en el Parlamento.
Por su parte la congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque solicitó inicialmente un cuarto intermedio para la propuesta se adapte al Decreto Legislativo 1515.
Igualmente, Carlos Anderson Ramírez, de Podemos Perú, recordó que el Congreso dio facultades legislativas limitadas al Poder Ejecutivo, "y de acuerdo con el sentido común, no es conveniente sobrelegislar lo que está claramente legislado".
El proyecto en debate, que acumuló proyectos de ley de las bancadas de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Fuerza Popular y Somos Perú apunta a que todas las empresas acuícolas, grandes, medianas y pequeñas paguen una tasa de 15% del Impuesto a la Renta hasta el 2025, de 20% entre el 2026 y 2029 y de 25% el 2030 y 2031.
Sin embargo, el Decreto Legislativo N° 1515 publicado a finales del año pasado, ya establece beneficios tributarios. Las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos no superen las 1,700 UIT pagarán 15% de Impuesto a la Renta hasta el 2030, y del 2031 en adelante la tasas del régimen general de 29.5%.
Mientras que quienes superen las 1,700 UIT, este año pagarán una tasa del 15% del 2023 al 2024 un 20%, del 2025 al 2027 un 25% y del 2028 en adelante el 29.5% del régimen general.
Crítica
El gerente de la Sociedad Nacional de Acuicultura (SNA), Tulio Medina dijo a Gestión que si bien la norma publicada por el Gobierno es un avance, no permite el desarrollo del sector.
Afirmó que su sector necesita que la nueva ley se apruebe este mes porque así garantiza a las empresas estabilidad jurídica para poder planificar con tiempo nuevas inversiones para este año y el próximo.
"Estimamos que hay cerca de US$ 50 millones en proyectos de inversión congelados que continuarán así si no hay una nueva normativa. Este monto no considera inversiones en especies potenciales que están listas para poder despegar, como el paiche y la tilapia", indicó.
Al cierre de esta nota, al congresista de APP, Rosio Torres Salinas, había presentado un pedido de reconsideración de la votación de la cuestión previa que retornó el proyecto a la Comisión de Economía.
Fuente: Gestión, 13 de enero del 2022.