El norte del Perú enfrenta en 2025 una de las sequías más intensas de las últimas décadas, afectando gravemente a regiones agrícolas clave como Piura, Lambayeque y La Libertad. Estas zonas, fundamentales para la producción de arroz, limón, arándanos y mango, ven comprometida su actividad agrícola debido a la falta de lluvias, lo que repercute en la economía nacional y en el bienestar de miles de familias por el alza en los precios de los alimentos.
Si bien la escasez de agua no es un evento inesperado, ya que desde 2023 los pronósticos advertían sobre una reducción en las precipitaciones y una disminución en los caudales de los ríos y embalses, las decisiones agrícolas no se ajustaron a estas previsiones. La falta de planificación ha intensificado una crisis que pudo haberse mitigado mediante una gestión más eficiente.
El Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), financiado por el Estado peruano, fue diseñado para mitigar los efectos de estos eventos climáticos en los productores más vulnerables, ofreciendo compensaciones ante pérdidas agrícolas. No obstante, su efectividad se ve limitada por problemas como la falta de difusión, la burocracia en el proceso de indemnización y la insuficiencia de la cobertura económica, lo que deja a muchos agricultores sin el apoyo necesario en el momento oportuno.
Más allá de las fallas en la cobertura del SAC, el problema central radica en la falta de previsión en la actividad agrícola frente a condiciones climáticas adversas. A pesar de las alertas sobre la sequía, se mantuvo la siembra de cultivos con alta demanda de agua, como el arroz, sin considerar la disponibilidad del recurso. A esto se suma la inacción de las autoridades, que no impulsaron restricciones en el uso del agua ni promovieron la diversificación de cultivos hacia especies más resistentes a la sequía.
La crisis actual refleja cómo una mala gestión agrícola puede agravar los efectos de un fenómeno climático. Si bien los seguros agrícolas pueden ofrecer cierto alivio económico, no sustituyen la necesidad de una estrategia integral de prevención y adaptación. La persistencia en cultivos poco resilientes sin una infraestructura hídrica adecuada, junto con la falta de incentivos para cambiar hacia una agricultura más sostenible, está convirtiendo un problema climático en una crisis económica y social de mayor alcance.
La gestión del agua sigue siendo un desafío estructural. El embalse de Poechos, uno de los más importantes del norte del país, inició el año hidrológico con niveles bajos, afectando la disponibilidad de riego. Aunque en años anteriores alcanzó su capacidad máxima, la deficiente distribución del agua y la falta de infraestructura han generado una distribución desigual del recurso entre los productores. Si la sequía se prolonga, el acceso al agua será aún más crítico, poniendo en riesgo toda la campaña agrícola.
Para enfrentar esta situación, no basta con fortalecer el SAC; es imprescindible replantear la gestión agrícola del país. Se requiere la implementación de políticas basadas en pronósticos climáticos confiables, el fomento del uso de tecnologías de riego eficiente y la promoción de cultivos adaptados a condiciones de estrés hídrico. La acción debe ser inmediata, pues postergar medidas solo aumentará la vulnerabilidad del sector, haciendo que futuras crisis hídricas sean aún más difíciles de afrontar. Es crucial establecer una estrategia integral que combine un seguro agrícola eficaz, incentivos para la diversificación productiva y una gestión del agua equitativa y eficiente. De lo contrario, la crisis actual será solo el inicio de problemas aún mayores en el futuro.
Autor: Patricio Valderrama Murillo. Fuente: Diario Gestión- pag.17, 11 de febrero del 2025.