La seguridad energética es clave para el desarrollo económico, especialmente en un contexto global marcado por la inestabilidad geopolítica. En este escenario, la planificación energética adquiere una importancia estratégica, permitiendo a los países que adoptan una visión de largo plazo diversificar su matriz energética, mejorar su competitividad y asegurar un suministro estable. Sin embargo, en Perú, esta planificación ha perdido protagonismo en el debate público, y las decisiones políticas se han basado más en circunstancias coyunturales que en una estrategia unificada a largo plazo.
En el ámbito regional, países como Chile, Uruguay y Colombia han avanzado significativamente en la planificación energética mediante estrategias de largo plazo que fortalecen su seguridad energética y facilitan la transición hacia energías con menor impacto ambiental. A pesar de enfrentar desafíos como el reciente apagón masivo en Chile, estos países han atraído inversiones y diversificado sus matrices energéticas gracias a marcos regulatorios bien estructurados, con una notable incorporación de energías renovables.
La tendencia global apunta hacia la descarbonización, y muchas naciones han incrementado la presencia de energías renovables en sus planes. Estas fuentes no solo han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también han incrementado la seguridad energética al disminuir la dependencia de combustibles importados. Además, la reducción en los costos de tecnologías solares y eólicas, impulsada en parte por la expansión de la capacidad productiva en China, ha hecho que estas energías sean cada vez más competitivas, facilitando su adopción masiva a nivel mundial.
En Perú, esta transición tampoco ha pasado desapercibida. Tras el éxito de las subastas RER que lograron una participación del 5% de energías renovables como solar, eólica y biomasa en la matriz energética, el país ha continuado avanzando sin recurrir a esquemas de subsidio agresivos. Para 2024, más del 9% de la electricidad proviene de fuentes renovables no convencionales, y actualmente se desarrollan proyectos con una capacidad de 1,200 MW que comenzarán a operar entre 2025 y 2027.
No obstante, aunque las energías renovables tienen un papel clave en el futuro de la matriz energética peruana, el gas natural sigue siendo un recurso fundamental. A diferencia de otros países donde el gas es considerado un combustible de transición, en Perú ha sido esencial para el crecimiento económico y energético desde el inicio de las operaciones de Camisea en 2004. Este recurso ha reducido los costos de generación eléctrica, desplazado el uso de combustibles más contaminantes como el diésel y el carbón, y mantenido precios estables en el sistema eléctrico.
Esta situación coloca a Perú en una posición ventajosa, con una matriz energética diversificada y limpia, reservas significativas de gas natural y un alto potencial para expandir las energías renovables. Sin embargo, la discusión previa a la reciente modificación de la Ley 28832 reveló una falta de consenso sobre la dirección de la política energética. Por un lado, se promovía una mayor incorporación de energías renovables y la apertura a nuevos actores en el mercado eléctrico, mientras que en el otro extremo se advertía sobre los riesgos para la seguridad energética y los posibles impactos negativos en la industria del gas y en los costos a largo plazo para los consumidores.
La ausencia de una planificación energética robusta ha generado incertidumbre y conflictos en cada decisión adoptada en los últimos años. Por ello, es urgente que Perú defina una dirección clara y actualice su Plan Energético Nacional, alineando a todos los actores en un espacio técnico y transparente. Este proceso debería orientar una política energética que equilibre el desarrollo de energías renovables con el uso estratégico del gas natural como fuente confiable. La reforma reciente de la Ley 28832 representa una oportunidad para replantear el futuro energético del país, pero este debate no debe quedarse en medidas aisladas. Se necesita una estrategia integral que garantice estabilidad, competitividad y sostenibilidad, reconociendo que la energía es un pilar esencial para el desarrollo nacional y que no se puede seguir improvisando en esta área crítica.
Autor: Diego Díaz Pastor. Fuente: Diario Gestión - pag.10, 03 de marzo del 2025.