En los últimos meses, se ha generado una crítica infundada al marco legal de las concesiones mineras en el Perú, acusándolo de promover el acaparamiento de terrenos, obstaculizar la formalización de la actividad minera y alentar la ilegalidad. No obstante, estas afirmaciones carecen de sustento y podrían esconder un interés por fomentar justamente lo que dicen combatir: la informalidad y la minería fuera del marco legal.
En ese contexto, se han presentado propuestas legislativas que pretenden acortar los plazos que tienen los titulares mineros para poner en marcha sus proyectos, exigiendo una rápida entrada en producción. Esta visión, que asume que las concesiones deben generar resultados inmediatos, desconoce por completo la naturaleza compleja de la actividad minera.
La minería comienza con la identificación de zonas con potencial mineral, sigue con exploraciones y análisis geológicos, y continúa con estudios de factibilidad, ingeniería, seguridad, salud y evaluación ambiental. Estas etapas demandan inversiones altas, enfrentan riesgos significativos y requieren múltiples permisos: más de 200 autorizaciones, gestionadas ante más de 30 entidades distintas. A esto se suma la necesidad de financiamiento y la ejecución de la obra. En total, un proyecto minero serio puede tomar entre 20 y 30 años en desarrollarse, y en Perú incluso más.
En este sentido, forzar a los titulares a apresurar el desarrollo de sus concesiones, bajo amenaza de perder sus derechos, atenta contra la viabilidad de una minería moderna, responsable y sostenible. Si bien Perú cuenta con una destacada riqueza geológica, esto no basta sin un entorno normativo estable, predecible y coherente que brinde seguridad jurídica a los inversionistas.
Además, el debate sobre el supuesto acaparamiento no es reciente y ocurre también a nivel internacional. En los años noventa, Perú fue pionero al establecer reglas claras en materia minera, penalizando justamente la inactividad dentro de plazos razonables. Aunque se puede discutir el monto de las penalidades, su existencia cumple un rol disuasivo clave. Por tanto, reducir los plazos de concesión pondría en riesgo la competitividad del país, debilitaría los derechos adquiridos por los inversionistas y abriría la puerta al avance de la informalidad y la minería ilegal, que actúan sin controles ni protección ambiental. Es de esperar que estas reformas legislativas no prosperen.
Autor: Francisco Tong. Fuente: Diario Gestión- pag.04, 14 de marzo del 2025.