Este artículo se escribe en un momento crucial para el país. Tras años marcados por inestabilidad, el 2025 representa una oportunidad decisiva: o quedamos estancados o damos paso a un nuevo ciclo de crecimiento económico y desarrollo social. Todo dependerá de las decisiones que adopten el Gobierno y el Congreso en lo que queda de su mandato.
Uno de los mayores retos está en el sector agrario, que sufre de desinformación generalizada y, aún más grave, ataques constantes hacia la agroexportación y la empresa privada, una situación que también afecta a la minería. Resulta difícil comprender esta actitud autodestructiva, que parece buscar mantener al campo en la pobreza, quizás con fines ideológicos o políticos. Muchas veces, las críticas provienen de personas sin conocimiento real del sector, a quienes se invita a conocerlo antes de opinar.
La inversión extranjera prefiere países que ofrecen estabilidad jurídica y un entorno competitivo. Lamentablemente, el Perú perdió gran parte de esa confianza en 2020, cuando el gobierno de Sagasti y el Congreso presidido por Mirtha Vásquez derogaron la ley de promoción agraria, reemplazándola por una norma sin respaldo técnico, influida por el populismo. Este cambio abrupto afectó gravemente al agro, alterando el entorno competitivo y provocando una caída significativa en la formalidad laboral del sector, según el INEI. Mientras otros países protegen y fomentan su agricultura, en Perú se castigó a un sector clave.
Aunque no fue el único factor de éxito, la ley de promoción agraria fue decisiva para transformar el agro. Su diseño se adaptaba al sector y logró resultados sociales y económicos sin precedentes: más de un millón de empleos rurales formales, inclusión laboral femenina, reducción de la pobreza rural de 81% a 30%, un auge exportador con más de US$ 100 mil millones generados, pleno empleo en varias regiones, incorporación de pequeños productores, incremento de la recaudación fiscal y miles de millones de dólares en inversión privada. Más allá de los impuestos directos, el impacto social y económico ha sido enorme.
Actualmente, el Congreso impulsa una nueva Ley Agraria que, si bien no modifica el régimen laboral, promueve condiciones adecuadas para atraer inversiones de todos los tamaños e incorpora medidas para modernizar y formalizar a los pequeños productores. Se busca una ley integral que permita desarrollar un agro competitivo, con herramientas como financiamiento, compras estatales, asociatividad y formalización de tierras.
Frente a un país con bajo crecimiento, alta informalidad, inseguridad, desempleo y un agro de subsistencia, pensar que la agricultura puede progresar solo con políticas tradicionales es condenarla al estancamiento. La agricultura moderna necesita apoyo para sobrevivir y seguir siendo motor de desarrollo.
Es hora de dejar de lado ideologías que solo alimentan la división y la pobreza. El país necesita reactivar el sector agrario y mejorar la vida de millones de peruanos. La nueva ley ya cuenta con respaldo político, pero ahora debe traducirse en acciones concretas y en un trabajo conjunto por un futuro más próspero.
Autor: Gabriel Amaro., Fuente: Diario Gestión - pag.17. 13 de marzo del 2025.