SE MANTIENEN RIESGOS PARA CONCESION DE GAS, PESE A RESPUESTA DE OSINERGMIN
El pasado 21 de marzo, el Congreso aprobó en primera votación un proyecto que plantea aumentar el reparto de utilidades para los trabajadores, incluyendo a los del sector eléctrico, aunque esta medida podría generar consecuencias negativas en el mercado regulado de energía. La propuesta modifica la fórmula actual de distribución: para el año 2034, se busca que el 75% de las utilidades se reparta según los días trabajados y solo el 25% según la remuneración. Hoy en día, ambos criterios tienen igual peso (50% cada uno). Esta nueva distribución busca favorecer a más de tres millones de trabajadores formales que ganan menos de S/5,000 mensuales.
Además, el proyecto plantea elevar gradualmente el porcentaje de utilidades que las empresas eléctricas deben repartir, pasando del actual 5% al 10% para el año 2030, comenzando con un incremento al 6% en 2026. Esta propuesta se basa en el hecho de que dos compañías del sector ya aplicaron aumentos similares.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ya había señalado que esta medida carece de una justificación adecuada, y pidió al Congreso sustentarla con información actualizada. Por su parte, Fonafe advirtió al Ministerio de Economía que esta norma podría afectar gravemente a las 16 empresas eléctricas estatales bajo su gestión, generando un sobrecosto anual estimado en S/129 millones. Este impacto limitaría la capacidad de inversión de dichas empresas y retrasaría proyectos importantes orientados a llevar energía a zonas vulnerables del país.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía también manifestó su oposición, señalando que esta medida perjudicaría la productividad general del país, pues el aumento en los costos laborales se reflejaría en un alza de las tarifas eléctricas. Según estimaciones técnicas, esto significaría un aumento del 4% en la tarifa para los usuarios residenciales, comercios e industrias, afectando a millones de peruanos y a la competitividad nacional. El gremio advierte que, aunque el beneficio se limita a un grupo reducido de trabajadores, el impacto económico sería generalizado y negativo, especialmente porque comprometería la expansión de redes eléctricas en las regiones del país.
Fuente: Diario Gestión, pag. 14, 04 de abril del 2025.