En el último año y en lo que va del presente, la economía peruana ha dado señales de recuperación. El mercado laboral ha mostrado una reactivación y, aunque el crecimiento económico durante el 2024 fue moderado, tuvo una tendencia positiva. Los primeros meses del 2025 también reflejan un repunte esperanzador. Sin embargo, estos avances macroeconómicos no se han traducido en mejoras significativas para la población más vulnerable. Particularmente, las familias de bajos ingresos siguen enfrentando altos niveles de inseguridad alimentaria.
De acuerdo con una encuesta reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada en marzo de 2025, el 43% de los hogares indicó que, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, se quedaron sin alimentos debido a la falta de dinero o recursos. Esta situación es aún más crítica en los sectores socioeconómicos D y E, así como en zonas rurales, donde el 60% de los encuestados experimentó esta carencia. Esto evidencia que la recuperación económica no ha sido inclusiva ni equitativa.
Los datos revelan que la inseguridad alimentaria persiste en niveles similares a los observados en junio de 2022 y marzo de 2023. Aunque hay una ligera mejora en comparación con septiembre de 2023 cuando se alcanzó el pico de la crisis alimentaria, el problema sigue latente. Apenas un 12% de la población afirma no haber tenido problemas para sostener su alimentación en el trimestre previo. Si bien este porcentaje ha mejorado respecto al momento más crítico, aún preocupa que solo un tercio de los hogares logre mantener su consumo alimenticio, ya sea sin dificultades o sacrificando otros gastos. Un 38% ha tenido que reducirlo moderadamente, y un 25% lo ha hecho significativamente.
La inseguridad alimentaria no solo implica una carencia temporal de alimentos, sino que también tiene consecuencias profundas en la salud y el desarrollo social. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2024 del INEI, la anemia y la desnutrición crónica infantil no han mostrado mejorías. Los niveles actuales continúan siendo más graves que los registrados antes de la pandemia, especialmente en los niños de hogares más pobres, donde se ha evidenciado un incremento en la anemia respecto al año anterior.
La situación es particularmente alarmante en los sectores más vulnerables. En 2024, el 48% de los niños pertenecientes al quintil más bajo de ingresos presentó anemia, conforme a los nuevos estándares del Ministerio de Salud basados en la guía de la OMS. Incluso en los sectores más acomodados, un 27% de los niños fue diagnosticado con esta afección, lo que refleja que el problema afecta a toda la sociedad, aunque con mayor intensidad a los más pobres.
Este panorama subraya la urgencia de implementar políticas públicas que no solo promuevan el crecimiento económico, sino que también se enfoquen en mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población, sobre todo de los sectores más desfavorecidos. Para que la recuperación económica impacte de forma efectiva en los indicadores sociales, es esencial que los programas sociales relacionados con salud, educación y alimentación trabajen de manera coordinada y focalizada. Iniciativas como la asistencia alimentaria, la educación nutricional y la mejora en los servicios de salud pueden contribuir significativamente a mitigar esta problemática.
En conclusión, pese a los indicadores macroeconómicos alentadores, la situación real de muchas familias peruanas sigue siendo crítica. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada y nutritiva es indispensable para el bienestar social y económico del país. Para lograrlo, se requieren políticas públicas más eficaces, que puedan ser implementadas con eficiencia y con un enfoque claro hacia los sectores más necesitados.
Autor: Carolina Trivelli. Fuente: Diario Gestión- pag.22, 14 de abril del 2025.