El Gobierno ha emprendido una firme lucha contra la minería ilegal, con el propósito central de erradicar esta práctica nociva del territorio nacional, así como las demás actividades delictivas que se derivan de ella. Esta acción responde al serio impacto ambiental, social y económico que genera, haciendo urgente una intervención decidida y efectiva del Estado.
Entre las múltiples consecuencias de la minería ilegal, destaca el daño profundo e irreparable que ocasiona al medio ambiente. Esta actividad contamina de manera severa los cuerpos de agua y los suelos con metales pesados, fomenta la deforestación sin control y destruye ecosistemas que albergan especies valiosas de flora y fauna silvestre. Estas afectaciones no solo comprometen el patrimonio natural del país, sino también la salud y el bienestar de las comunidades cercanas.
A ello se suma la relación directa entre la minería ilegal y redes criminales dedicadas a delitos graves como la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de madera, el lavado de dinero y la corrupción. Esta situación incrementa la violencia en las zonas de operación minera ilegal, donde incluso líderes comunales han sido asesinados por defender sus territorios, reflejando un grave deterioro del orden público y de la seguridad ciudadana.
En este marco, las acciones anunciadas recientemente por el Gobierno están plenamente justificadas. En especial, las dirigidas a combatir las organizaciones delictivas que operan en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, responsables de crímenes como la masacre de 13 personas. Frente a esta amenaza, el Estado ha dispuesto la creación de un comando unificado liderado por un general del Ejército, encargado de coordinar las acciones entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra la minería ilegal. Además, se ha establecido un toque de queda nocturno como medida de seguridad.
Estas disposiciones reflejan la urgencia de recuperar el control del territorio y proteger a la población. No obstante, para lograr resultados sostenibles, se requiere la participación activa de todos los sectores, tanto públicos como privados. La instalación de una mesa de diálogo en Pataz, con presencia del Estado y los actores sociales, apunta a construir una respuesta integral que articule la seguridad con el desarrollo local en un entorno de paz.
Finalmente, la lucha contra la minería ilegal no admite concesiones. El país no debe tolerar ninguna actividad delictiva que atente contra el bienestar común. Por ello, se impone una acción estatal firme, dentro del marco legal y con respeto absoluto a los derechos humanos. Solo así será posible erradicar este flagelo y recuperar la confianza en la institucionalidad del país.
Autor: Sección opinión. Fuente: Diario El Peruano- pag.8, 09 de mayo del 2025.