En Jericó, Antioquia, Colombia, once campesinos fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por delitos como secuestro simple, hurto calificado y daño en bien ajeno, debido a su participación en protestas contra el proyecto minero Quebradona de la multinacional AngloGold Ashanti.
Los campesinos argumentan que su oposición se basa en la defensa del agua y el territorio, ya que temen que la minería afecte los recursos hídricos y la producción agrícola de la región. Denuncian que están siendo criminalizados por ejercer su derecho a la protesta pacífica.
Organizaciones de derechos humanos y autoridades locales han expresado su preocupación por lo que consideran una criminalización de la protesta social. El Concejo Municipal de Jericó solicitó a la Fiscalía y la Procuraduría no estigmatizar a los campesinos y respetar sus derechos constitucionales.
El presidente Gustavo Petro también manifestó su apoyo a los campesinos, destacando la importancia de priorizar el agua y la alimentación sobre los intereses mineros. Este caso ha generado un debate nacional sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.
La audiencia continuará el 26 de mayo, y se espera que más líderes campesinos sean investigados. Mientras tanto, el caso ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones legales por el tratamiento judicial de una protesta social.
Fuente:Diario El Peruano- pag.12, 13 de mayo del 2025.
