El sector eléctrico peruano enfrenta una doble amenaza que podría afectar tanto el costo como la estabilidad del suministro. De un lado está el proyecto de ley de Ilich López (Acción Popular), que propone elevar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas eléctricas del 5 % al 10 %. Y, de otro, la reciente modificación del Factor de Referencia para la Contratación (FRC) del transporte de gas natural, establecida por Osinergmin para el periodo 2025–2029.
El incremento propuesto en la distribución de utilidades generaría una mayor carga laboral para las compañías eléctricas. Según expertos como Carlos Paredes, este cambio representa un “precedente nefasto”, pues aumentaría sus costos operativos de manera arbitraria. La medida beneficiaría a menos de 7.000 trabajadores, muchos ya acarician el límite legal de 18 sueldos al año, mientras que los más de 30 millones de usuarios del servicio eléctrico terminarían asumiendo el impacto. Estimaciones de Gerens advierten que este incremento elevaría las tarifas un 4 % a mediano plazo, cifra que podría elevarse aún más si se incluye a los contratistas de distribución eléctrica.
Este mayor costo operativo no solo presionaría las tarifas, sino que también reduciría los recursos destinados por Fonafe a la modernización y reparación de redes eléctricas urbanas y rurales, restando hasta S/ 130 millones a ese fin. Por ello, tanto Fonafe como el Ministerio de Trabajo se han pronunciado desfavorablemente, recomendando que el proyecto sea archivado en su próxima votación.
El segundo riesgo se relaciona con la decisión de Osinergmin de fijar niveles muy bajos del FRC para el transporte de gas natural. Este indicador determina la cantidad mínima de gas que las centrales térmicas deben contratar para garantizar la disponibilidad de energía durante periodos críticos como El Niño o épocas de estiaje. Sin embargo, los nuevos valores oscilan entre 4,9 % y 63 %, lo que podría desincentivar el uso del gas natural y aumentar la vulnerabilidad del sistema energético .
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos alertó que estos niveles reducidos ponen en riesgo la seguridad energética, ya que no se garantiza el respaldo necesario. En la práctica, una central de ciclo simple con 100 MW de capacidad solo estaría obligada a contratar 1 MW respaldado por gas, aunque se le cobre como si fuese cien veces más, lo que representa una señal regulatoria sesgada que podría frenar la masificación del gas natural y elevar los costos de generación a futuro.
En conjunto, ambas iniciativas el aumento en las utilidades de los trabajadores y el FRC insuficiente podrían derivar en mayores tarifas eléctricas para los usuarios y debilitar la estabilidad del sistema energético nacional. Por ello, especialistas recomiendan reevaluar la propuesta de ley para evitar consecuencias negativas en la inversión, el mantenimiento y la cobertura del servicio eléctrico.
Fuente:Diario El Comercio- pag.12, 21 de mayo del 2025.
