Calentamiento global y Crisis energética:

Las urgencias y el derecho.

 

 

Por Alejandro Drucaroff Aguiar

Pub. en La Ley “Actualidad”, diario del 19/2/08, p.1

 

 

En el insoslayable marco global del siglo XXI, la problemática ambiental es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad, que, por desgracia, está muy lejos de ser una comunidad planetaria. No se discute hoy la magnitud de una amenaza explicitada con creciente precisión por los más caracterizados científicos y que supera cualquier otra que los seres humanos hayan debido enfrentar en su breve historia.

Valga aquí una pequeña digresión: siempre es bueno recordar que la historia de lo que llamamos civilización comprende apenas unos cuantos miles de años y que el asombroso desarrollo del cual somos consecuencia hoy, no registra más que pocos siglos, habiéndose producido los mayores logros en las últimas décadas. La insignificancia de nuestra presencia comparada con los 3.500 millones de años de existencia del planeta es demasiado evidente y también la posibilidad de que nos extingamos como les ocurrió y les ocurre continuamente, en muchos casos por nuestra culpa, a tantas otras especies.

 

El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) formado por las Naciones Unidas ha ratificado una y otra vez los efectos que traerá de modo irreversible el calentamiento global, brindando precisiones mayores en cada informe. Pérdidas devastadoras y crecientes de superficies cultivables, ciudades costeras sumergidas, éxodos masivos –seguidos con toda probabilidad por guerras territoriales generadas por la desesperación de los desplazados-, serán sólo el comienzo de un camino sin retorno hacia el más oscuro pasado, sin demasiada esperanza de futuro para los sobrevivientes.

 

Las emisiones contaminantes que genera la actividad humana son un factor esencial de esa perspectiva catastrófica, realidad palpable en el cambio climático y las tragedias que se suceden, causadas por los fenómenos meteorológicos. Los científicos así lo establecieron (1), los economistas calcularon que el costo de reducirlas sería mucho menor a las pérdidas que ocasionará el calentamiento (2) e incluso la Justicia comenzó a receptar en sus sentencias que el Derecho impone enfrentar la amenaza. (3) La chance de superar el gravísimo peligro aún está al alcance del género humano, pero depende de alcanzar una firme decisión colectiva e instrumentarla de inmediato en una dirección que priorice lo sustentable por sobre toda otra consideración. (4)

 

Sin embargo nada de eso ha sido suficiente para lograr avances serios en el campo internacional; la cumbre celebrada por Naciones Unidas en Bali a fines de 2007 con la asistencia de 187 países, debió prorrogar sus sesiones para alcanzar un acuerdo que no supera lo formal y se limita a mencionar la necesidad de “severas reducciones de las emisiones mundiales” sin asumir compromisos concretos. Contra ese mínimo paso adelante batallaron hasta el último momento algunos de los países que mayores emisiones contaminantes producen. El Secretario General Ban Ki-Moon debió conminar con dureza a los representantes de los distintos gobiernos a actuar mientras aún hay tiempo. El consenso logrado con tanto esfuerzo no tendrá efectividad alguna si no se refleja en medidas concretas, serias y eficientes adoptadas con rapidez.

Una mirada al problema desde lo jurídico arroja como primera conclusión notoria que está en juego el derecho a la vida de millones de personas y, en perspectiva, el de la humanidad toda. De allí en más los restantes derechos humanos se ven fuertemente comprometidos a un punto tal que no es preciso abundar en mayores consideraciones. En escasas décadas nadie será ajeno a las consecuencias; ya no hablamos sólo de las generaciones venideras como un sujeto indeterminado. Las consecuencias se viven hoy en el incremento notable de tragedias climáticas, pero en pocos años la subsistencia se verá amenazada por una sustancial disminución en la producción de alimentos y las demás consecuencias ya esbozadas; nuestros hijos y nietos recibirán directa y masivamente los efectos del desastre.

 

El origen de esta amenaza es la emisión de gases de efecto invernadero. Tales emisiones alcanzaron dimensiones de peligro a partir del siglo pasado y fueron producidas en su gran mayoría por los países desarrollados, quienes obtuvieron a causa de ellas inmensos beneficios económicos. En buena medida, el crecimiento exponencial de las desigualdades entre los países –y también dentro de ellos-, se explica por la apropiación que los de mayor poder hicieron de recursos que pertenecen no sólo a la humanidad en su conjunto sino a las generaciones por venir.

En los últimos años, varios de los países de mayor población como China e India, en su búsqueda de crecimiento económico, generan también emisiones que se incrementan en forma constante, aunque no sean comparables con el efecto acumulado por las de los países del denominado “primer mundo” en el devenir histórico.

 

Como es sabido, los daños se han generado también por la explotación abusiva y descontrolada de los recursos naturales, en especial por la desforestación efectuada sin la más remota preocupación por sus implicancias. En nuestro país por ejemplo, el debate abierto a raíz de la Ley de Bosques brindó abundante información sobre el brutal aniquilamiento de lo que la naturaleza forjó durante millones de años. Lo mismo sucedió y sucede a diario en buena parte del mundo.

 

Esas conductas son manifiestamente contrarias a las normas que rigen la convivencia de las personas, desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Carta de las Naciones Unidas, los tratados internacionales, acuerdos regionales y las propias constituciones nacionales. A nivel internacional y a nivel local, el orden jurídico tiene disposiciones generales y específicas suficientes para así determinarlo, sin embargo existe una evidente contradicción entre la Ley y la realidad, donde aquella muchas veces no pasa de ser un enunciado formal sin vigencia.

Episodios como la reunión de Bali nos ratifican que en la naturaleza humana, sobre todo en quienes acceden a lugares de poder, predomina la búsqueda egoísta del interés propio –o a lo sumo del grupal-, algo que nuestra “postmodernidad” ha extremado al añadirle la exigencia de inmediatez. En la liquidez de la que nos habla Bauman, nada trasciende más allá de lo instantáneo y ni siquiera el peligro concreto y visible alerta lo suficiente como para postergar la ambición del lucro sin límite. Sólo la posibilidad cierta de que la conducta sea sancionada –o, en menor medida, el estímulo derivado de un premio- pueden poner freno a una tendencia fuertemente acentuada en la era que nos toca vivir.

 

El Derecho puede hacer un trascendente aporte en ese sentido; como dijimos, su vigencia efectiva sería un gigantesco paso para preservar la vida y dignificarla. Algunas breves ideas acentúan su valor en estas horas:

* Ratificamos que las acciones individuales o grupales de los damnificados en forma directa o indirecta por actos contaminantes pueden ser decisivas como herramientas disuasorias, sin perjuicio de atender la necesidad de justicia en cada caso. El derecho ambiental impone aplicar el principio preventivo y permite plantear las acciones aún antes de configurarse el daño, cuando pueda demostrarse que su ocurrencia será el decurso natural de la actividad cuestionada.

* Corresponde que quienes han contribuido y contribuyen decisivamente al calentamiento global, respondan incluso por los efectos dañosos de las calamidades como un huracán o un tsunami, cuando la intervención humana haya resultado crucial para que ocurran, lo que descarta considerarlas como casos fortuitos o catástrofes inevitables.

* Hemos sostenido y lo ratificamos que, en función de la lógica del sistema en que vivimos, la vía más apta es generar la convicción de que contaminar es un pésimo negocio y sus causantes deberán abonar ingentes sumas a las víctimas. Confirmamos cada día que es más sencillo hacer comprender y temer un perjuicio económico que la amenaza a la humanidad, incluso a los propios descendientes, como lo demuestran los grandes juicios contra las compañías tabacaleras o las acciones de clase promovidas por víctimas de contaminación de zonas aledañas a empresas productoras de desechos o emisiones tóxicos.

* El estímulo de las actividades que permiten reducir la contaminación es igualmente fundamental. Generar “negocios limpios” -en todo el alcance de la expresión- es la contrapartida razonable y sana de la sanción a los causantes del daño. Los mecanismos del Protocolo de Kyoto, pese a su insuficiencia, son válidos para lo inmediato y no han sido en absoluto difundidos ni propiciados, particularmente en nuestro país que podría ser depositario de importantes inversiones. Es urgente reclamar a los gobiernos de todos los países del mundo –y al nuestro en particular- una conducta proactiva, responsable y comprometida hacia el interior y hacia los organismos internacionales.

* La contaminación ambiental por los principales países y grupos económicos, implica una concreta forma de competencia desleal para quienes no la generan o lo hacen en medida mínima. Esas conductas colisionan abiertamente con las normas y acuerdos comerciales internacionales y deberían ser objeto de duras sanciones en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, sin perjuicio de la imperiosa y evidente necesidad de desarrollar Tribunales Internacionales con competencia suficiente y eficaz.

* Son condenables por antijurídicas y contrarias a todo valor moral, las conductas que priorizan un afán de lucro sin límites aún conociendo –o debiendo conocer- el daño que infringen y el riesgo que crean para todas las personas del planeta (5). Debe profundizarse su análisis desde el punto de vista penal como parte de las acciones a seguir para proscribirlas y sujetarlas a la Ley. La cantidad de víctimas inocentes de catástrofes –por caso, más de 200.000 en el último tsunami- y sobre todo, la alta probabilidad futura de pérdidas de millones de seres humanos lo justifican ampliamente.

* La difusión masiva y cuidadosa de la problemática ambiental debe ser una prioridad gubernamental e incorporarse a la educación en todos los niveles. Una convocatoria a la reducción planificada del consumo superfluo de energía sería un aporte cierto e inmediato para disminuir las emisiones y –por absurdo que parezca- no se ha efectuado todavía con la seriedad debida. Los temores sobre el “humor” de la población, tan comunes en los gobernantes, deben dejarse de lado, a la luz del tamaño del problema y de la necesidad de recurrir a todos los medios a nuestro alcance para enfrentarlo.

 

Esto nos motiva una breve reflexión respecto a la situación que atraviesa la Argentina en el terreno al que nos venimos refiriendo y al modo en que se la enfrenta. La escasa presencia –por no decir completa desatención- que la problemática ambiental en general y las cuestiones referidas al cambio climático en particular tiene en la agenda política, es demasiado evidente (6). Ni el gobierno ni los distintos sectores de la oposición –salvo alguna aislada excepción individual- se han preocupado de esta grave temática ni se conocen planes serios para hacerlo.

 

Así, a pesar de la notoriedad alcanzada por el conflicto de la instalación de las pasteras junto al río Uruguay o de la vergüenza –y gravísima situación de riesgo y daños- generada por el indescriptible estado de la cuenca Matanza-Riachuelo, no hay respuestas en quienes ejercen el poder ni en los que aspiran a ejercerlo. Los legítimos temores de los vecinos de Gualeguaychú contrastan con las inmensas falencias de control ambiental que nuestro país demuestra en todo su territorio, incluído el propio río Uruguay. Ni siquiera la Corte Suprema, no obstante su decidida y lúcida actuación en la causa “Mendoza”, obtuvo respuestas concretas o –al menos- compromisos serios de encarar una problemática que afecta la vida diaria de millones de personas.

 

En paralelo, el país padece una grave crisis energética que recién ahora parece empezar a intentarse afrontar, pero es evidente la falta de acciones urgentes y resueltas para lograr una rápida toma de conciencia en la población, la que sin duda debe llegar por vía de ejemplo de arriba hacia abajo. Hoy la reducción del consumo dista de ser un gesto solidario hacia la gran mayoría de la población –condenada a sufrir sin paliativos ni servicios básicos calores insoportables y crecientes-; se trata de un simple acto de autodefensa para quienes están a un paso de comprender que el aire acondicionado no podrá funcionar cuando la red eléctrica supere su punto crítico de exigencia.

 

En igual sentido, la reducción de gases de efecto invernadero es tarea de todos, aunque la responsabilidad competa en mucho mayor medida a quienes más contaminaron y contaminan. El aporte argentino no será, por cierto, multiplicar la cantidad de automóviles que circulen por calles y rutas ya desbordadas, sin adoptar la más mínima medida para proteger una atmósfera que, como bien establecen los acuerdos internacionales, no nos pertenece y debemos preservar para las generaciones futuras.

 

La asunción individual de la responsabilidad por el problema será un granito de arena a conjugar con la exigencia firme de una respuesta institucional. Si no comprendemos a tiempo la real dimensión de los peligros, más allá de violar la Ley e institucionalizar el abuso, seguiremos dando pasos hacia el abismo.

 

Notas:

(1) Nos remitimos al desarrollo efectuado in extenso en “Calentamiento global: responsabilidades y acciones. Ante la tragedia, el derecho”, Rev. de Derecho Ambiental, Lexis-Nexis, Nº7, set. 2006 y “Seguridad y justicia: vivir y sobrevivir en el siglo XXI”, LL diario del 23/3/07 p.1. Recordamos la acertada definición de Joseph Stiglitz en “Cómo hacer que funcione la globalización”, Ed. Taurus, 2006, p.216 y ss.: ”No hay asunto más global que el calentamiento global: todos los habitantes del planeta compartimos la misma atmósfera”.

(2) Nos referimos al Informe Stern, elaborado a pedido del Gobierno de Gran Bretaña y conocido el 29/10/2006, que comentamos en “A propósito de la seguridad jurídica y del reciente Informe Stern: Es el planeta Tierra un lugar seguro para invertir?”, LL diario del 22/11/2006, p.1.

(3) Vg. “Massachusetts v. EPA”, 05-1120, Supreme Court of the United States, fallo del 2/4/2007 que analizamos en “El calentamiento global en la mira de la Justicia”, LL  diario del 18/04/2007, p. 6.

(4) Diariamente se registran pasos en la dirección correcta, como la reciente demanda del Estado de California contra el Gobierno Federal de EEUU ante la prohibición de éste de aplicar la ley estadual que limita la emisión de gases por los automotores, véase La Nación diario del 5/1/08, y el informe en htttp://en www.planetaazul.com.mx/www/2008/01/04/demanda-california-a-gobierno-de-eu/.

(5) Como dijera el premio Nobel de la Paz Mohamed El Baradei (“La seguridad en un mundo cambiante” LL, diario del 28/12/2007, p. 1) “…es nuestra gran vergüenza tolerar … un conjunto de valores éticos y sociales primitivos que se retrotraen a la época de las cavernas”. Esa vergüenza es además esencialmente antijurídica y sujeta a punición legal.

(6) Son numerosos los trabajos que lo denuncian; entre ellos citamos el reportaje al Lic. Carlos Reboratti Geógrafo y especialista ambiental, en Clarín, diario del 6/1/2007, p.34 titulado “Tenemos problemas ambientales mucho más serios que las papeleras” y la obra del periodista Sergio Federovisky “El medio ambiente no le importa a nadie”, Ed. Planeta año 2007.