REPENSANDO LA INVERSIÓN UNIVERSITARIA

MARÍA ISABEL LEÓN
VICEPRESIDENTA FIPES

La universidad pública a través de la Anupp, importante asociación nacional de universidades estatales, hizo pública recientemente su posición frente a varios temas relevantes vinculadas a exoneraciones tributarias de universidades privadas con fines de lucro, la universidad pública y la investigación.
Sobre ello quisiera resaltar dos temas: primero, el afán continuo de presentar la inversión estatal en la universidad privada a través del programa "Beca 18", como un "gasto" y no como una "inversión" en la consolidación del capital humano, sin reparar además en que el financiamiento público -en este caso, respetando el segundo párrafo del artículo 17° de la Constitución- no pude ser orientado artificiosamente para atender alguna "oferta" educativa (pública o privada) en particular, sino para atender la "demanda" del servicio educativo superior de quienes resultarían beneficiados con ella, es decir, el derecho de los becarios a decidir libremente si postular a una universidad pública o privada, de acuerdo a su propio interés.

Segundo, resaltar y reflexionar sobre otro aspecto muy importante: la inversión en investigación.

Así, se señala, tomando como fuente a la Sunedu, que la universidad privada con fines de lucro destinó apenas 1.48% de la reinversión a proyectos de investigación.

Lo que no se comenta es que al 2018, la universidad pública institucionalizada (49 a nivel nacional), mantenía en el Banco de la Nación un saldo acumulado de balance de canon de varios años atrás, por la suma de S/2,102'966,947 millones (fuente: MEF a mayo del 2018), cifra que representa más del 50% de todo el presupuesto de la universidad pública para el 2018.

Lo interesante es resaltar que, a pesar de contar con fondos suficientes, la universidad pública no ha podido destinar estas importantes sumas de dinero al fin para el cual se les otorgó, debido a diversos motivos que no escapan a la realidad de otras entidades estatales: las trabas administrativas y burocráticas para su uso, la falta de un cuerpo de investigadores adecuado y preparado en las universidades receptoras y la falta de proyectos de investigación.

Por ello, y para darle un mejor uso que un simple depósito bancario, desde hace varios años atrás, estos fondos fueron abiertos legalmente para que puedan ser utilizados hasta en 30% en mantenimiento de infraestructura, equipamiento, reposición de quipos, proyectos de inversión y, últimamente, para la implementación de planes de adecuación y/u obtención del licenciamiento ante Sunedu, destacando que el promedio anual histórico de ejecución de dichos fondos no excedió de entre 30% a 40%.

Mientras tanto, el fondo del Canon para el 2018 (PIA modificado 2018) ascendió a S/606'025,016 millones (fuente: MEF) a favor de la universidad pública, registrando hasta este mismo mes, un ínfimo nivel de ejecución, siendo la Universidad de San Agustín la que tuvo el mayor porcentaje de uso (27.6% de sus fondos asignados), junto a otras 3 universidades que lograron ejecutar sus presupuestos por encima del 20%, en contraste de 15% que apenas logró ejecutar el 1% del mismo modo el 23% de universidades que no ejecutaron absolutamente ni un sol y que incluye en su conteo a 11 claustos como la UNI, Callao, Federico Villarreal, Enrique Guzmán y Valle, San Marcos, entre varias.

Lo cierto es que se demuestra que la universidad en el Perú (pública y privada por igual), aún no está habituada, en términos generales a investigar y, más bien, ello debería llevarnos a repensar cómo hacer para que en el futuro inmediato (y sin tocar estos fondos acumulados en las cuentas de las universidades públicas hasta el día de hoy), se podrían redestinar parte de estos ingresos por canon a favor de la creación de un nuevo fondo de investigación que sea administrado, asignado y supervisado directamente por Concytec, como ente rector de la Ciencia y la Tecnología en el país, a fin de que sea esta importante entidad, que apenas goza de un presupuesto anual ligeramente mayor a S/150 millones, la que en coordinación directa con las universidades que así lo requieran, a través de estrictos concursos públicos de proyectos de investigación, bien estructurados y planteados, incluso en convenio con universidades o centros de investigación del exterior, promuevan la investigación, la innovación y la mejora de la calidad de vida que todos los peruanos merecemos y reclamamos al día de hoy.

Publicado en Gestión, 29 de mayo del 2018