JUZGANDO A LOS JUECES DE LATINOAMÉRICA

Una mañana de este año, en un juzgado moderno y sin ventanas, Jorge Alberto Rodríguez enfrentó a la justicia. Él era acusado de manejar un auto robado con número de placa falso. El juez empezó explicándole sus derechos. Su abogado intentó hacer tropezar a los policías a quienes la Fiscalía había presentado como testigos. Fue en vano: después de un aplazamiento que permitió a un testigo que estaba desaparecido se presente vía enlace en video, el juez halló al señor Rodriguez culpable. Esto parecía cuadrar con la evidencia. Habiendo estado en libertad bajo fianza por nueve meses desde su arresto, se le otorgó prisión suspendida por cinco años con un pago de 15, 000 pesos (US$ 800).

Tal juicio pudo haberse dado en la corte británica. De hecho, fue en Ciudad de México. El caso fue conducido bajo una reforma judicial radical. Esto reemplaza al modelo inquisitivo, que es la norma en Latinoamérica, bajo la cual los jueces investigan y la evidencia está toda escrita, con un sistema acusatorio anglosajón y juicios orales. El nuevo sistema ha tomado más de una década en establecerse y ha sido más costoso. Pero tiene ventajas considerables. Menos acusados son retenidos en cárceles sobrepobladas, los casos tienen audiencias más rápido y la Fiscalía puede probar públicamente sus casos. Bajo el antiguo sistema, los jueces se apoyaban en confesiones (algunas veces extraídas bajo tortura).

Aun así, la reforma es bastante criticada. Su introducción coincide con el gran aumento de la violencia en México. Aunque esto es causado principalmente por la fragmentación de las bandas criminales y su transición a nuevas líneas de negocio, muchos políticos culpan a la reforma. Jueces y fiscales no están lo suficientemente capacitados para las nuevas formas y muchos regresan a las "viejas prácticas", como basarse en confesiones y archivando casos que necesitan investigación, dice Sandra Serrano de Flacso, un centro de investigación en Ciudad de México.

La experiencia de México no es única. Desde la década de 1990 el foco principal de la reforma judicial en Latinoamérica ha sido los procedimientos penales. En total, 15 países han cambiado al sistema acusatorio. Esto es una mejora pero no una panacea. "No ha reducido la impunidad ni ha incrementado la confianza de la ciudadanía en el sistema", escribe Luis Pásara, un jurista peruano.

Muchos países de Latinoamérica han reformado sus economías, sistemas electorales y estados de bienestar. Pero establecer el imperio de la ley es mucho más difícil. Las cortes de dependen de muchos otros actores, especialmente Policía y fiscales, así como políticos y ciudadanos.

La reforma judicial casi siempre involucra compensaciones, especialmente entre la independencia y la responsabilidad. Y mejores procedimientos no crean, en sí mismos, mejores jueces o justicia.

Por ejemplo, el Perú, que hizo el cambio de procedimiento al comenzar el 2004. Cuando se investigaba un círculo de comercialización de drogas en el Callao, la Policía halló llamadas a jueces de teléfonos sospechosos. Esto llevó a la revelación de "corrupción, tráfico de influencias y la existencia de redes organizadas dentro del sistema judicial", reportó el mes pasado la comisión establecida por Martín Vizcarra, presidente del Perú. Un juez fue grabado aparentemente arreglando para absolver a un sospechoso de violación a una niña de 13 años; varios jueces tenían contactos cuestionados con políticos.

El presidente de la Corte Superior del Callao está ahora en prisión. El ministro de Justicia y siete miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra a jueces, fueron despedidos, mientras que la cabeza del Poder Judicial renunció. El caso confirmó lo que los peruanos habían sospechado. Sus cortes están en duda con políticos y personas que pueden pagar.

Aun así, el escándalo presenta una oportunidad. el señor Vizcarra propuso un referéndum sobre las recomendaciones de su comisión para elegir a la Corte Suprema y a los jueces a través de una competencia pública, y para establecer un cuerpo elegido de manera similar que supervise al Poder Judicial. El referéndum deberá ser aprobado por el Congreso, del cual la mayoría pertenece a partidos (Fuerza Popular y APRA) que se cree tienen una influencia debida sobre el Poder Judicial. "Hay personas con interés en que no cambie el sistema", anotó la comisión. El enfado público puede ser lo suficientemente fuerte para superar la resistencia.

En los casos de corrupción brasileña de Lava Jato, jueces y fiscales hicieron detener a muchas figuras poderosas, aunque algunos han cometido excesos. La reforma judicial en Chile, así como en México, ha producido algunas mejoras.

El Perú tiene algunos jueces y fiscales honestos. Pero la vigilancia pública tiene que ser sostenida si un sistema judicial reformado no quiere seguir el mal camino.

El título en español del libro del señor Pásara se traduce a "Una reforma imposible". Pero él concluye que la experiencia acumulada y la mayor sed por justicia pueden significar que lo imposible es meramente improbable.

Publicado en Gestión, 3 de agosto del 2018