Regulación: equilibrio económico y desarrollo

 

En esta etapa de crisis internacional, los países, tanto industrializados como en desarrollo, han reconocido la importancia esencial de los mecanismos de regulación para encauzar debidamente el comportamiento de las actividades financieras y de servicios públicos.
Los analistas especializados en temas económicos y jurídicos han subrayado que la falta de regulación explica el desorden y los excesos en que incurrieron los bancos norteamericanos con los efectos producidos en el conjunto de la sociedad internacional.
Tal como lo señala en un reciente artículo el economista argentino Horacio Daniel Pozo, “si tengo que elegir una enseñanza de la crisis subprime y del reciente caso Madoff, esta sería: nadie regula seriamente a los mercados financieros internacionales. Y cuando la regulación y supervisión de los sistemas financieros fallan, el instinto capitalista de la búsqueda del mayor beneficio prevalece sin medir riesgos”.
El diario El País de España no vacila en señalar, al realizar un balance de la situación al termino del 2008, que “la nueva regulación financiera sigue en fase embrionaria”.
Debe recordarse que, luego del estallido de la crisis, a mediados del mes de noviembre del año pasado, se reunió en Washington el G20, para intentar restablecer la confianza internacional. Entre otros aspectos, ese Grupo se propuso iniciar una amplia reforma del sistema regulatorio financiero para, en primer lugar, resolver los existentes y, luego, para evitar que se produzcan nuevamente.
Los observadores consideran que los avances registrados han sido insuficientes y que, todavía no ha sido posible lograr el objetivo propuesto. En todo caso, conviene tener presente que, con arreglo a los acuerdos adoptados, los ministros de economía de los países del G20 tienen plazo hasta finales de marzo para presentar sus iniciativas en relación con este asunto fundamental.
Existe consenso en que, de haber existido los necesarios mecanismos de supervisión bancaria y financiera, no se habrían producido los descalabros registrados en las principales plazas del mundo y, por cierto, se habrían evitado los efectos más perniciosos de la crisis.

El caso de las telecomunicaciones

A diferencia de lo acontecido en el sector financiero, en el sector de las telecomunicaciones ha sido posible armonizar el desarrollo de la industria con el equilibrio indispensable entre operadores y usuarios.
En los últimos años, una gran transformación social y económica se produce en la región latinoamericana como resultado del proceso de expansión de las telecomunicaciones. La democracia en lo político y la inclusión como efecto positivo son aspectos que hacen posible tanto las políticas de estado de los países de la región como el trabajo de los reguladores en el sector de las telecomunicaciones.
Luego del inicio del os procesos de privatización del servicio de telefonía y del gran salto tecnológico producido en toda la actividad de telecomunicaciones, siguiendo las tendencias de las naciones más desarrolladas, en la región latinoamericana se adoptaron modelos exitosos de organismos reguladores.
Cada uno de los países, en función de sus propias realidades y opciones, optó por los mecanismos y sistemas institucionales más adecuados al momento de establecer la normativa jurídica y la organización institucional de los reguladores.
La primera etapa de este proceso de transformación de las actividades de telecomunicaciones se reflejó en mejoras cualitativas del servicio, ampliación importante de la cobertura, y además, capacidad innovadora de las empresas para ofrecer nuevos productos, en la armonía con los avances tecnológicos generados en las naciones mas avanzadas.
La segunda etapa, en la cual se encuentra la mayor parte de los países de la región latinoamericana, se refiere a la expansión de la competencia, que se considera una etapa superior de la evolución del sector de telecomunicaciones.
El papel de los organismos reguladores en ambas etapas del proceso ha sido fundamental. En efecto, con los cambios estructurales producidos, quedaron de lado las antiguas prácticas de control aplicadas a las empresas públicas prestadoras de los servicios. Se adoptaron, en reemplazo de esos obsoletos criterios, criterios regulatorios y mecanismos técnicos equilibrados para permitir el desarrollo de las telecomunicaciones.