Existen 70 empresas involucradas en conflictos sociales
IMPASSE. La Defensoría habla de inequidad en la repartición de recursos. Se reconocen avances en la responsabilidad social. Desde el Ejecutivo consideran que hay acuerdos que muchas compañías no cumplen con la población.
Para entender esta historia, empecemos por dos cifras. En enero de 2006, la Defensoría del Pueblo registró 13 conflictos socioambientales. En su reporte de junio de este año se consignaron 128. Aquí hay un problema: el crecimiento.
Ataques a empresas mineras o petroleras son comunes en paros y protestas, y parte de esta historia se repite mes a mes, aunque con nuevos protagonistas.
En enero de 2006, el mismo informe de la Defensoría hablaba de 15 compañías involucradas en conflictos sociales. Hoy ya van 70.
En agosto de 2006, a escasos días de iniciar su gobierno, Alan García debió enfrentar su primer conflicto. ¿Los actores? Miembros de la comunidad de Combayo (Cajamarca), así como la minera Yanacocha. ¿El guión? El mismo de siempre: la población acusó a la compañía de contaminación de las aguas. ¿El final? Firma de acta con presencia de ministros. Un dato más: en este momento hay 43 mesas de diálogo en que participan empresas, a propósito de conflictos con la población.
Una investigación presentada bajo el nombre de Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, refiere que las poblaciones afectadas por la minería tienen cada vez menos acceso a los canales institucionales de reclamo.
A esto se le debe sumar que hay más de 38 empresas mineras involucradas en los conflictos.
En muchos casos, el informe consigan responsabilidades en las empresas y en otros señala que estas son víctimas de distintos ataques.
Inequidad
La conflictividad es de preocupación en diversos niveles del Estado. Las pérdidas económicas son motivo de debate, pero todos coinciden en que son cuantiosas.
Ivan Lanegra es el adjunto del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Desde aqui ha seguido la cronología de violencia e "inequidad".
Esta palabra es clave. "Estamos en medio de un escenario donde el Perú experimenta un crecimiento importante, sin embargo hay temas no resueltos: los que tienen que ver, directamente, con los asuntos de derechos y equidad", explica a Gestión.
La población no solo cuestiona la distribución de las ganacias, sino el uso de los recursos naturales. También hay conflictos laborales regados en toda esta radiografía.
Cuestión de responsabilidad
Lanegra, no obstante, subraya que en este terreno cada quien tiene un papel y debe cargar con sus responsabilidades. La población reclama una distribución equitativa de los beneficios del crecimiento; correcto, pero añade que es "acá donde el Estado debe tener la capacidad para distribuir esos recursos, a través de políticas públicas que beneficien a la población", añade.
Recientemente, la Defensoría y el Ministerio del Ambiente suscribieron un convenio para prevenir esta ola de conflictos.
Al respecto, Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría, pidió a los empresarios asumir un rol más participativo en la prevención y solución de los problemas (Gestión 13.07.2009).
Lanegra está de acuerdo con el llamado, pero agrega que si uno revisa las prácticas empresariales hace algunas décadas frente a lo que hoy tenemos, "sin duda, ha habido un enorme esfuerzo de aprendizaje, inclusive, muchos profesionales de las áreas sociales que antes no era parte de las actividades de las grandes empresas, ahora sí lo son".
Tarea pendiente y compartida
Juan Manuel Figueroa también es actor en toda esta historia. Desde inicios del Gobierno aprista asumió el rol de coordinador de la Unidad de Análisis y Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Pero la prevención ha sido avasallada. Es más, la PCM cuenta ahora con un equipo de solución de conflictos, que está a cargo de Ronald Ibarra.
Este funcionario estuvo días atrás en Puno, y es de las personas que estuvo a cargo de la solución del impasse entre los mineros y la empresa La Rinconada.
Para Figueroa, las empresas no solo tienen que conformarse con el apoyo social que puedan brindar en sus sectores, sino, fundamentalmente, es importante que tengan una mayor presencia con la sociedad.
"Tiene que haber un mayor acercamiento a las comunidades, además del cumplimiento de los compromisos. Por ejemplo, en el caso de Moquegua, Southern tiene compromisos pendientes y creo que es importante que los cumpla. Lamentablemente, hasta ahora no ha hecho nada, y esto crea uns serio malestar en la población. Sin embargo, confió en que este panorama cambiará en adelante", señala.
Recientemente, Juan Manuel Figueroa señaló que la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM atiende 119 problemas. No obstante, señala que el 54% de los acuerdos suscritos por el Gobierno ya han sido solucionados.
Mientras tanto, los conflictos avanzan. Ya son 23 las regiones donde las empresas, la población y hasta las autoridades están enfrentadas.
Publicado en el diario "Gestión" el miércoles 22 de julio de 2009