JUAN JOSÉ MARTHANS
Economista
PAD-Universidad de Piura
Primero, el principio de simplicidad. Es fundamental, por ejemplo, que el cambio en la modalidad de comisiones considere la urgencia de hacer más amigable, comprensible y transparente el concepto de rendimiento neto (rentabilidad menos comisiones) que ofrecen las AFP. Si esto se logra, se habrá dado un gran paso a favor de la competencia que, hasta hoy en día, requiere de un mayor impulso. Al parecer, la modalidad de comisión asociada al saldo del fondo alinearía mejor los beneficios compartidos entre los afiliados y las mismas AFP y, adicionalmente, permitiría una mejora sustancial en la calidad de información a favor del afiliado.
Segundo, el principio de inclusión. En Perú y en el mismo sistema de AFP debe abrirse la posibilidad de trabajar con pensiones sociales a favor de potenciales afiliados de menores ingresos -informales– que sí estarían dispuestos a cotizar al interior de diferentes programas de pensiones ad-hoc, siempre y cuando dispongan de incentivos apropiados. Por ejemplo, por cada monto de aportación periódica del nuevo afiliado a estos programas, el Estado aportaría un monto idéntico, además de ofrecerle un paquete de incentivos adicionales en términos de educación, salud, vivienda a través de los mecanismos ya existentes. De otro lado, no hay duda de que debemos incorporar a nuestros trabajadores independientes de manera obligatoria.
Tercero, el principio de gradualidad. Va a ser imposible aplicar mecanismos que se orienten a generar pensiones sociales, incorporar a los independientes, redefinir modalidades de cobro de comisiones, entre otros retos, si no se programan acciones concertadas entre diferentes entidades públicas y privadas de manera progresiva. Esto no es un tema de meses, sino de años de esfuerzo por delante.
Cuarto, el principio de integralidad. La reforma de las AFP debe estar acompañada de modificaciones en el accionar del Sistema Nacional de Pensiones. No se puede optimizar la dinámica del sistema privado, dejando vicios en el sistema administrado por la ONP. Por ejemplo, el proceso de afiliación debe contener reglas y posibilidades idénticas para ambos sistemas previsionales. No es posible, como hoy en día, disponer de casi un “fast track” para acogerse al sistema previsional del sector público y, paralelamente, casi un infierno de trámites y requisitos para el trabajador que decide por el esquema privado.
Quinto, el principio de competencia. No hay discusión sobre la urgencia de reducir barreras a la entrada para nuevas AFP y a la posibilidad de centralizar parte de la labor que no está asociada a la administración misma de la inversión de nuestros fondos. Las comisiones tienen que bajar a efectos de darles credibilidad y más institucionalidad a nuestras AFP. Acá ayudará mucho la posibilidad de ampliar el aún pequeño mercado previsional además de acertar con una nueva modalidad de cobro de comisiones y centralización de ciertos costos.
Sexto, el principio de sostenibilidad. Para esto es necesario, por ejemplo, que la reforma no comprometa, en ningún caso, el equilibrio estructural de nuestras cuentas fiscales. Pero también es necesario que un entorno más competitivo haga viable el proceso de creación de valor compartido entre el Estado, las AFP y, sobre todo, los afiliados. Todos deben ganar de manera razonable de esta reforma. Si eso no es así, cada cinco años tendremos un conjunto de políticos tratando de sacar provecho de ello…como ahora.
Publicado en Gestión el 13 de marzo de 2012