Los impuestos y la informalidad
Carlos Casas T.
Jefe del departamento Académico de Economía de la U. del Pacífico
El reciente anuncio de la solicitud de facultades para legislar en torno a la llamada reforma tributaria ha causado un gran debate político y técnico. Por un lado, tenemos al Congreso de la República, cuyos legisladores sostienen que el pedido no tiene sentido porque sería como darle un cheque en blanco al ejecutivo para que introduzca los cambios necesarios. Desde el punto de vista técnico, se han levantado voces en contra del aumento de impuestos que se insinuó podía ocurrir. Por otro lado, apareció la información de que el monto deducible para el cálculo de la base imponible del impuestos a la renta se iba a reducir de 7 UIT a 4 UIT lo cual generó un debate en torno a si esta medida era adecuada en un contexto donde buena parte de nuestra economía está en la informalidad.
La meta de incrementar la presión tributaria a 18% es ambiciosa, pero puede lograrse si es que se introducen elementos que incentiven a la formalización de la actividad económica. La informalidad es la suma de dos elementos claves: la pobreza y el desempleo, lo cual genera que mucha individuos busquen autogenerarse un ingreso y por otro lado, tenemos los costos de la formalidad, entre los cuales está el sistema tributario. Si bien la pobreza y el desempleo han disminuido en los últimos años, aún queda mucho por hacer en el caso de los costos de la formalidad.
La informalidad genera varios efectos perniciosos en la economía. En primer lugar, está ligada a actividades de baja productividad y con bajos estándares de calidad. Por otro lado, se sabe que la presencia de la informalidad genera un entorno favorable para que aumenten las actividades ilícitas y delincuenciales. Por ellos, el sistema tributario debe estar orientado a generar incentivos – es decir, reducir costos – que permitan aumentar el grado de formalidad. Para ellos debe ser un sistema fácil de administrar, con una administración tributaria que brinde la mayor cantidad de facilidades a los contribuyentes. A su vez, el tribunal fiscal en donde se resuelven muchos litigios de esta índole debe agilizar la resolución de los casos que, cuando se dilatan demasiado, implican un costo por interés adicional que supera largamente el monto de la multa o de lo que se dejó de pagar.
Sin embargo, estas zanahorias deben venir acompañadas de garrotes importantes. Aquí entra en juego la fiscalización, que debe ser aleatoria, eficaz y drástica. Según cifras del MEF, el 35% del IGV y el 50% del impuesto a la renta se evaden. Esto es inaceptable. Por ello es necesario contar con un sistema de fiscalización importante, en donde se persiga la informalidad y se apliquen drásticas sanciones a aquellos evasores detectados. Si no existe una decisión política al respecto, será poco lo que se pueda avanzar. El cruce de información bancaria y de propiedades puede ser importante para detectar a los evasores.
Un punto adicional es que los gobiernos subnacionales pueden jugar un rol importante en colaborar en la fiscalización de la Sunat. Ellos son los que están más cerca de la población y pueden saber mejor dónde están los evasores. Si se establecen incentivos financieros y brindan información que lleve a elevar la recaudación, se pueden convertir es socios importantes en este esfuerzo y así nivelar la carga tributaria, pues una persona que vive en Lima tiene una presión tributaria mucho más alta que en el resto del país. Ello no es equidad.
Publicado en Gestión el 21 de mayo de 2012