Microeconomía, Macroeconomía, Mesoeconomía y Metaeconomía
Andrew Sheng y Xiao Geng
Presidente y Director de Fung Global Institute respectivamente
HONG KONG – En vista de la crisis que pesa sobre le economía y los mercados financieros mundiales, no es de extrañar que se esté haciendo un reexamen profundo de los principios de la economía moderna. Parece que las voces disidentes de la profesión están llegando por fin a un gran auditorio.
Por ejemplo, el premio Nobel Ronald H. Coase se ha quejado de que la microeconomía esté llena de modelos de caja negra que no estudian las relaciones contractuales reales entre las empresas y los mercados. Señaló que, cuando los costos de transacción son bajos y los derechos de propiedad están bien determinados, unos contratos privados innovadores podrían resolver los problemas de actuaciones colectivas, como, por ejemplo, la contaminación, pero las autoridades dependen en gran medida de instrumentos fiscales, por la obsesión de los economistas con una teoría simplista de los precios.
Otro premio Nobel, Paul Krugman, ha afirmado que a lo largo de los tres últimos decenios la macroeconomía ha sido en el mejor de los casos inútil y en el peor perjudicial. Sostiene que los economistas estuvieron ciegos ante el catastrófico fracaso de la macroeconomía, porque confundieron la belleza o la elegancia de los modelos teóricos con la verdad.
Tanto Coase como Krugman lamentan la desatención del patrimonio de su profesión –una tradición que se remonta al menos hasta Adam Smith– que valoraba las teorías grandiosas y unificadoras de la economía política y la filosofía moral. La obsesión contemporánea con modelos reduccionistas y mecánicos parece haber conducido la profesión de la teoría a la ideología, con lo que se ha desconectado de la economía real.
La sencillez y elegancia de los modelos microeconómicos y macroeconómicos los hace útiles para explicar el mecanismo de los precios y el equilibrio o desequilibrio de las variables económicas agregadas fundamentales, pero ninguno de los dos modelos puede describir ni analizar el comportamiento real de los participantes principales en los mercados.
Por ejemplo, la teoría de manual de la empresa no examina la estructura de los contratos empresariales y delega el estudio de los activos, las obligaciones, los ingresos y los gastos en la “contabilidad”. ¿Cómo se pueden entender las empresas sin examinar los contratos empresariales que agrupan a los interesados –es decir, sus accionistas, banqueros, proveedores, clientes y empleados– cuyas complejas relaciones se manifiestan en los balances y las corrientes de transacciones de las empresas? Al centrarse en las corrientes de producción y consumo, las cuentas nacionales agrupan o expresan en cifras netas dichos datos, con lo que pasan por alto la importancia de la financiación, el apalancamiento y las fragilidades de los balances.
De hecho, los habituales modelos microeconómicos y macroeconómicos actuales son insuficientes para explorar las dinámicas y complejas relaciones entre los seres humanos, las instituciones y la naturaleza en nuestra economía real. No responden las preguntas que Paul Samuelson consideró fundamentales para la economía –qué, cómo y para quién son los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos– y raras veces se ocupan del “dónde” y del “cuándo”.
La división de la economía en macroeconomía (el estudio de los resultados, la estructura, el comportamiento y la adopción de decisiones económicos en los niveles, nacional, regional y mundial) y la microeconomía (el estudio de la asignación de recursos por los hogares y las empresas) es fundamentalmente incompleta y engañosa, pero hay al menos otras dos divisiones en la economía que se han desatendido: la mesoeconomía y la metaeconomía.
La mesoeconomía estudia los aspectos institucionales de la economía que no captan la microeconomía y la macroeconomía. Al presuponer una competencia perfecta, una información completa y costos nulos de transacción, la economía neoclásica prescinde de instituciones como los tribunales, los partidos y las religiones para abordar los problemas económicos que las personas, las empresas y los países afrontan.
En cambio, los economistas Kurt Dopfer, John Foster y Jason Potts han formulado una teoría macro-meso-microeconómica de la economía evolutiva en la que “un sistema económico es una población, una estructura y un proceso de normas”. El rasgo más importante de un marco mesoeconómico es el de estudiar la red real de contratos, oficiales u oficiosos, en las familias, las empresas, los mercados y las instituciones sociales y civiles. Hacerlo brinda una vinculación natural entre la microeconomía y la macroeconomía, porque habitualmente las normas y las instituciones del nivel microeconómico entrañan consecuencias macroeconómicas.
La metaeconomía va aún más lejos, al estudiar aspectos funcionales más profundos de la economía, entendida como un complejo e interactivo sistema vivo y holístico. Formula preguntas como las de por qué una economía es más competitiva y sostenible que otras, cómo y por qué las estructuras que rigen las instituciones evolucionan y cómo es que China desarrolló cuatro cadenas de distribución en materia de servicios gubernamentales, finanzas, infraestructuras y manufactura en un período tan corto de tiempo.
Para estudiar los profundos principios ocultos tras el comportamiento humano, la metaeconomía nos obliga a adoptar un planteamiento abierto, sistémico y evolutivo y reconocer la economía real como un complejo sistema vivo dentro de otros sistemas. Es difícil, porque las estadísticas oficiales calibran mal –o simplemente no tienen en cuenta– muchas de las normas y prácticas ocultas de la economía real.
Por ejemplo, los cálculos del PIB pasan por alto actualmente los costos de la substitución de los recursos naturales, la contaminación y la destrucción de la diversidad biológica. Además, es más común en la política pública dar por sentado que lo que no es fácil de calcular estadísticamente es insignificante o no existe. Los análisis estáticos, lineales y cerrados aplicados a sistemas abiertos, no lineales, dinámicos e interconectados han de resultar por fuerza erróneos e incompletos.
El economista británico Fritz Schumacher entendió que las instituciones humanas, como estructuras complejas regidas de forma dinámica, requieren análisis sistémicos. Definió la metaeconomía como la humanización de la economía teniendo en cuenta el imperativo de un medio ambiente sostenible; así, incluyó elementos de filosofía moral, psicología, antropología y sociología que transcienden los límites de la obtención del máximo beneficio y la racionalidad individual.
Asimismo, Eric Beinhocker, en el recién creado Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico propugna una “nueva forma de ver y entender el mundo económico”. Ese planteamiento requiere la incorporación de la psicología, la antropología, la sociología, la historia, la física, la biología, las matemáticas, la informática y otras disciplinas que estudian sistemas adaptativos complejos.
Creemos que el marco de la “micro-macro-meso-metaeconomía” –lo que llamamos “sistemanomía”– es una forma más completa de analizar las economías humanas, entendidas como complejos sistemas vivos que evolucionan dentro de complejos sistemas naturales en transformación. Se trata de un marco particularmente útil para analizar la evolución de economías antiguas, pero que están volviendo a ascender, como, por ejemplo, las de China y la India, que son lo suficientemente grandes para tener repercusiones profundas en otras economías y en el medio ambiente natural.
structura y marco legal del arbitraje potestativo atenta contra la regulación normativa de las negociaciones colectivas de trabajo; es decir, el medio natural para que trabajadores y empleadores resuelvan sus diferencias es a través del diálogo en un clima de paz laboral. Por ello se viene cuestionando la figura mencionada.
El decreto supremo que crea esta figura laboral, a través del llamado principio de la “mala fe”, ha dado carta libre a algunos sindicatos para llevar los pliegos al arbitraje potestativo, en el que sus probabilidades de obtener un “resultado favorable” son mayores, inclusive a costa de la viabilidad económica de sus empleadores, al margen de la ayuda política o gremial de algunos funcionarios que vienen manejando al Ministerio de Trabajo.
Por ejemplo, en algo simple. Si en una relación matrimonial existen diferencias en la pareja sobre el presupuesto de alimentos de los hijos, lo natural es que ello se resuelva en el interior del hogar mediante el diálogo. Situación distinta se da cuando una de las partes simplemente se niega a participar de estos gastos, ante lo cual la persona afectada tiene la opción de recurrir a un ente de conciliación o a un juzgado de familia para reclamar lo que por derecho le corresponde.
En el mismo sentido, desde que se conformaron las relaciones laborales el mecanismo natural para resolver las diferencias es el diálogo directo, que en una segunda instancia abre el camino para el derecho a la huelga en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre los puntos divergentes, pero tratando siempre que prime el diálogo y la conservación de las relaciones de trabajo.
Empero, los expertos de la OIT consideraron que las huelgas en servicios públicos esenciales (electricidad, transporte, agua, etc.) traen perjuicios a la sociedad en su conjunto, por lo que se consideró la figura del arbitraje potestativo (obligatorio) como opción para la resolución de las controversias. En consecuencia, la OIT solo recomienda la aplicación del arbitraje potestativo en casos excepcionales, lo que de por sí es aceptable.
No puede negarse que existen empleadores que procuran dilatar indebidamente los cierres de los pliegos de negociaciones, pero por ello no puede establecerse como regla la imposición de un “tercero” para alcanzar un acuerdo. ¿Por qué no se pensó, por ejemplo, en establecer plazos perentorios para que las partes lleguen a un acuerdo, antes de utilizar un concepto totalmente etéreo como la “mala fe”, como condición para ir a un arbitraje?
Con esta fórmula, algunos sindicatos en la práctica están cerrando las opciones de diálogo con la empresa, utilizando todo tipo de argumentos –algunos inverosímiles– para atribuirle “mala fe” a las empresas y acudir al arbitraje potestativo, quebrando los principios básicos contemplados en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
¿Qué hacer entonces? El ministro de Trabajo, José Villena, ha reconocido que se necesitan hacer correcciones en la aplicación del arbitraje potestativo, cuando en realidad se requiere un consenso más amplio entre empleadores, trabajadores y la autoridad para evitar que se transgreda el mecanismo de diálogo laboral. El estamento oficial para este fin es el Consejo Nacional de Trabajo. No se trata tampoco de dilatar soluciones; deben fijarse plazos para la solución. Ese es el foro indicado y no la decisión unilateral y política.
Entre tanto se llegue a un consenso, debe suspenderse la aplicación de la norma. Entendemos que de esta manera se pacificará el ambiente laboral tan necesario para el desarrollo y prosperidad del país.
Es hora de actuar, sin temor.
Publicado en Project Syndicate el 09 de Octubre del 2012