Los desafíos de la institucionalidad

 

Pablo de la Flor

Ex Viceministro de Comercio Exterior

 

La estructura y funcionamiento de las instituciones legales y sociales que apoyan la actividad económica, protegiendo los derechos de propiedad, asegurando el cumplimiento de contratos y facilitando la acción colectiva efectiva, resultan críticas para el crecimiento económico de largo plazo. En ese sentido, la existencia de una buena gobernabilidad económica es instrumental para promover intercambios que sustentan el quehacer económico. Para alcanzar el desarrollo, los países requieren instituciones eficientes que promuevan el imperio del derecho, combatan la corrupción, garanticen la estabilidad macroeconómica, y generen un entorno facilitador de la innovación.

Distintos estudios han explorado la dirección de la relación entre calidad institucional y crecimiento, controlando el efecto de distintas variables. Estas indagaciones han revelado la existencia de una alta correlación entre diversos indicadores institucionales vinculados a la libertad, económica y política, y el desempeño económico. De igual modo, la evidencia ha demostrado que la dirección causal es unívoca y que las instituciones afectan el ritmo de crecimiento, sin que los niveles de ingresos impacten en la calidad institucional. Es decir, los países prosperan porque tienen buenas instituciones y no al revés.

A la luz de la evidencia señalada, la expansión acelerada de nuestro país durante la última década parece desafiar la sabiduría académica y la teoría sobre la relación entre institucionalidad y crecimiento. En efecto, el Perú ha registrado las tasas de crecimiento más altas del continente a pesar de los notables déficits institucionales que arrastramos. Ocurre algo parecido con otros países de bajos ingresos, particularmente en el Asia, que en los últimos años han alcanzado un importante dinamismo no obstante la gran debilidad de sus instituciones.

La explicación a este fenómeno guarda relación con el hecho de que en las etapas iniciales de desarrollo la precariedad institucional puede ser suplida por otras prácticas y normas sociales implícitas que facilitan la actuación de los agentes económicos. La persistencia de esas normas, sumada a la implementación de políticas económicas adecuadas, puede generar importantes hipos de crecimiento. Sin embargo, una vez que los países alcanzan niveles de ingresos medios, esos arreglos se tornan insuficientes para sustentar el crecimiento continuo y acelerado. Es en esas circunstancias que la debilidad institucional se convierte en un auténtico freno al desarrollo sostenido.

Si bien nuestro déficit institucional aún no se ha convertido en una restricción paralizante, podría serlo pronto si no implementamos urgentemente medidas que nos ayuden a cerrar las brechas existentes, ahora que nos hemos convertido en un país de renta media. Los desafíos de coordinación y acción colectiva que la buena institucionalidad contribuye a resolver devendrán cada vez en más críticos en la medida que nuestra estructura económica adquiere mayor complejidad. De allí el enorme desafío de robustecer nuestra trama institucional y construir un entorno que facilite la generación de bienestar en favor de todos los peruanos.

Los anuncios recientes planteados por el Gobierno sobre mejoras en la administración pública son un paso en la dirección correcta. El derrotero a seguir es harto conocido y no requiere diagnósticos adicionales, sino la decisión y el esfuerzo mancomunado de todos los involucrados para emprender las difíciles reformas pendientes que la mejora institucional demanda.

 

Publicado en Gestión el 6 de diciembre del 2012