Licitaciones públicas: Por la calidad y precio

José Deustua

Economista de Apoyo Consultoría

Según la Ley de Contrataciones del Estado, el objeto proceso de contrataciones estatales es maximizar el valor del dinero del contribuyente de manera que las contrataciones se efectúen de forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad.

Así, la citada norma señala más de trece principios que deben cumplirse en los procesos de contratación de las entidades del sector público. Dentro de estos trece resalta el principio de libre concurrencia y competencia, según el cual los procesos de contratación deben incluir regulaciones que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.

¿Se está cumpliendo el objeto de la Ley de Contrataciones y, en especial, el principio de libre concurrencia y competencia? Desde mi punto de vista, la respuesta es no. Hoy en día es más difícil participar en una licitación del Estado que en una licitación privada o internacional (por ejemplo Banco Mundial). No solo eso, los requisitos que se piden para presentarse a un concurso público en el Perú son mucho más complejos que los que se piden en otros países de la región, como Chile. La principal complicación radica en solicitar todos los documentos que sustenten la propuesta técnica del postor. Es así que el postor debe incluir en su propuesta no solo el detalle de su experiencia o metodología, sino también contratos, facturas, boletas, estados de cuenta, cartas de aprobación de entregables, etc. En contraste, concursos para entidades privadas o entidades internacionales no requieren todo este nivel de sustento, conformándose únicamente con la explicación de la experiencia y metodología del postor.

¿Por qué debería revisarse el actual sistema de contrataciones? Porque contraviene el principio de libre concurrencia y competencia, dado que en vez de fomentar la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia y participación de postores, desincentiva la participación. Ante esta situación hay un par de preguntar qué habría que realizarse.

1. ¿Si uno se pusiera en el extremo y eliminara todos los documentos de sustento que se piden en las licitaciones del Estado qué podría pasar? Unos dirán que podría correrse el riesgo de elegir a una empresa que ha exagerado su propuesta técnica. El problema está en que la estrategia seguida por el Estado para reducir este riesgo de selección también afecta la libre concurrencia y competencia de postores.

2. Si la opción elegida por el Estado es la mejor solución, ¿por qué las empresas privadas y los organismos internacionales no han optado por la misma solución? Probablemente, porque han optado por formas más eficientes de reducir el riesgo de selección sin reducir la concurrencia y competencia de postores. Esto se puede hacer a través de la creación de un sistema de reputación de los postulantes que evite estar solicitando documentación sustentatoria cuando el postulante tiene un buen track récord con el Estado. Sistemas como este no son ajenos al accionar del Estado y los tenemos presentes, por ejemplo, en el sistema de importación definitiva de aduanas (sistema que clasifica al importador según su récord de hallazgos).

Si justamente la Ley de Contrataciones se dio para promover la modernización del Estado, es recomendable que se revise el sistema actual de contratación si queremos que los concursos públicos sigan siendo concursos por calidad y precio y no se conviertan en concursos de quién tiene más papelitos.

Publicado en Gestión el 8 de febrero del 2013