Inclusión social en electrificación: ¿Corriendo al revés?
EL GOBIERNO HA REDUCIDO LA INVERSIÓN SOCIAL EN ELECTRIFICACIÓN RURAL, DONDE NO INVIERTEN LOS PRIVADOS, SIN EMBARGO ESTÁ EMPEÑADO EN DESTINAR INGENTES RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO A LAS AVENTURAS EMPRESARIALES DE PETROPERÚ.
PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ex ministro de Energía y Minas
El anuncio del presidente Humala en Moyobamba respecto a la necesidad de correr para incrementar el acceso a la electricidad en los lugares más remotos de la Patria, independientemente de sus anecdóticas alusiones a Estados panzones, es una tácita autocrítica a la gestión de su gobierno, dada la inconsistencia entre el anuncio y la política aplicada. Para correr, como es su deseo, se requerirá un cambio de giro sustancial de las políticas que viene aplicando su Gobierno.
Para poner en contexto, con los datos del censo del año 2007, el número de viviendas que contaban con el servicio de energía en el Perú era de 4.7 millones, quedando entonces un total de 1.66 millones de viviendas sin este vital servicio. Por aplicación del Programa de Electrificación Rural del Gobierno anterior, al año 2011, se alcanzó a electrificar 11,433 pueblos con un total de 653 mil viviendas; por lo que al inicio del Gobierno actual quedaban por electrificar un millón de viviendas de zonas urbano-marginales y rurales. Es decir un total de 3.9 millones de peruanos que son los más pobres.
Para dotar de servicio a esos peruanos se requieren más de 5.6 mil millones de soles, que no podrían ser atendidos únicamente mediante la iniciativa privada y que el presupuesto público no consigna. Debido a la gran dispersión de los centros poblados por electrificar y su lejanía de los sistemas eléctricos, las tarifas resultantes para la prestación del servicio son mayores que las resultantes en las ciudades, por lo que se requiere la participación del Estado para cofinanciar las inversiones para dotar del servicio.
Contrariamente a lo anunciado, las inversiones en electrificación durante el presente Gobierno se han reducido a menos de la mitad de lo que ejecutaba el gobierno anterior, lo que implica que esos 3.9 millones de peruanos verían la luz eléctrica en 21 años. De acuerdo a las cifras de ejecución presupuestal que publica el MEF, mientras que la inversión realizada en el 2010 fue de 542 millones de soles, en el año 2012, la inversión realizada solo ha alcanzado 266 millones de soles. Visto de otra manera, al ritmo del gobierno anterior, todos los peruanos tendrían energía en 10 años, mientras que con el actual, ese periodo se habría más que duplicado a 21 años.
Mientras que, por un lado, el Gobierno ha reducido la inversión social en electrificación rural, donde no invierten los privados, por el otro está empeñado en destinar ingentes recursos del Tesoro público a las aventuras empresariales de Petroperú. El Gobierno ha modificado las reglas fiscales para lograr que Petroperú pueda asumir, además de las inversiones requeridas para la modernización de la refinería de Talara, proyectos petroquímicos, exploración, incluida la adquisición de la refinería La Pampilla, que superan largamente los 5,500 millones de soles. No se entiende esta lógica si estos proyectos pueden realizarse mediante inversión privada sin comprometer recursos fiscales ni interferir en su realización con inversores privados.
En conclusión, si el Gobierno simplemente reorientara los recursos destinados a Petroperú, podría dotar de energía eléctrica a esos casi 4 millones de peruanos de menores ingresos, lo cual sería aplicar en electrificación una auténtica política de inclusión social que, al menos en el discurso, es la bandera que enarbola el presente Gobierno.
Publicado en Gestión el 10 de abril del 2013