LA DESIGUALDAD Y BOLETO DE METRO
En países industrializados, los gobiernos siempre han subsidiado el transporte público.

Si hay un servicio público que simbolice la frustración popular  manifestada en las masivas protestas en América Latina, se trata del transporte  urbano. 
  
En nuestra región, donde ocho de cada 10 personas viven en  ciudades, el transporte siempre ha sido una fuente de conflictos. Los buses,  trenes y metros van atiborrados. Los horarios no se cumplen. Y, para muchos  usuarios, las tarifas son demasiado caras.
  
Sin embargo, esos mismos medios de locomoción dan acceso a lugares  de empleo, comercio, educación, salud y recreo.
  
En Latinoamérica, dos de los movimientos de protesta más emblemáticos  de la última década –en Brasil en el 2013 y en Chile el año pasado– fueron  detonados por aumentos en las tarifas de buses y el metro, respectivamente. En  otros países hemos visto grandes estallidos sociales por alzas en el precio de  la gasolina.
  
¿Cómo analizamos estos fenómenos desde nuestra institución, que en  las últimas tres décadas ayudó a financiar decenas de sistemas de transporte  urbano en la región?
  
Por un lado, hemos apoyado soluciones pioneras como los buses de  tránsito rápido, una innovación nacida en la ciudad brasileña de Curitiba que  luego se propagó por el mundo. Hoy también estamos impulsando proyectos con  enorme potencial como el metro de Bogotá.
  
Por otro lado, las recientes protestas nos obligan a consideras  cómo podrían evolucionar los sistemas de transporte para atacar más  directamente a la desigualdad, sin descuidar su sostenibilidad financiera.
  
En casi todos los países del mundo los sistemas de transporte  público generan grandes déficits operativos. En países industrializados los  gobiernos siempre han subsidiado estos servicios, en parte porque son vistos  como un bien público que hace que sus ciudades sean más productivas, limpias y  vivibles.
  
En Washington, el metro no cubre ni mitad de sus costos mediante el  cobro de boletos y abonos. La diferencia se financia mayormente con subsidios  de los estados y municipios de la región.
  
En América Latina, en cambio, muchos gobiernos no tienen capacidad  financiera para subsidiar el transporte público. Algunos subsidian la gasolina,  una opción que paradójicamente beneficia más a las personas pudientes que  tienen automóvil. 
  
Muchos de los sistemas de transporte que ayudamos a financiar  intentan recuperar sus gastos de inversión y operación mediante la tarifa. En  algunas ciudades latinoamericanas, estas tarifas pueden superar el 10% de los  ingresos de los hogares de menores ingresos, comparado con un promedio de 7.5%  entre el quintil más pobre en ciudades europeas.
  
En este contexto, no debe sorprendernos que las personas se  indignen ante aumentos de tarifas o directamente se rehúsen a pagarlas. Hemos  visto cómo algunos sistemas han caído en crisis porque la evasión genera  déficits, que se traducen en falta de mantenimiento y demoras, restándole  confiabilidad al servicio público e impulsando el uso de vehículos privados.
  
Para evitar esta trampa, tendríamos que dejar de pensar en  los  subsidios al transporte como una  pérdida de recursos, y considerarlos más bien como inversiones estratégicas que  generan grandes réditos económicos, sociales y ambientales.
  
Además, debemos aprovechar las nuevas tecnologías para asegurar  que los subsidios vayan a los segmentos más necesitados de la población en vez  de “fugarse” a los bolsillos de los más pudientes, como suele suceder hoy.
  
Asimismo, tenemos que entender mejor cómo y cuándo la gente decide  viajar en un medio de transporte, para luego diseñar sistemas que reflejen las  verdaderas prioridades de la gente, sus derechos como usuarios y su disposición  a pagar por un servicio digno. A su vez, esto podría ser un primer paso hacia  reconfigurar nuestras ciudades para que la vivienda, la seguridad, los espacios  verdes y el transporte estén disponibles y sean asequibles para todos.
  
En el transporte público cumple y seguirá cumpliendo un papel clave en el desarrollo de nuestra región. Es imperativo convertir este servicio en un catalizador de oportunidades para los millones de personas que aún aspiran a una vida mejor.
Publicado en Gestión, 26 de febrero del 2020.