UNA REFORMA INDISPENSABLE

Tras más de dos décadas de descentralización, las capacitaciones, fiscalizaciones y sanciones no han sido suficientes para mejorar la gestión pública, según Rafael Zacnich, de ComexPerú.

Desde el 2010, el Semanario ComexPerú ya denunciaba la ineficiencia en la administración de recursos públicos en diferentes regiones del país, evidenciando que los fondos asignados no se utilizaban adecuadamente y que existían indicios de corrupción. Ejemplo de ello fue el Operativo Cóndor de la Contraloría (2009), que auditó a varios gobiernos locales y regionales, detectando actos de colusión, falsificación de documentos y omisión de funciones, lo que ocasionó un perjuicio económico de más de S/ 35 millones para el Estado.

El proceso de descentralización, iniciado en 2002, tenía como objetivo una mejor distribución de competencias y recursos a través de macrorregiones. Sin embargo, la realidad política llevó a que los departamentos se convirtieran en regiones, lo que obstaculizó la eficiencia de este modelo. Ocho años después, ya se evidenciaban fallas graves en su ejecución, y hoy en día, la situación ha empeorado. A pesar de los recursos disponibles gracias a la inversión privada, estos se pierden, malgastan o simplemente no se utilizan, afectando el acceso a servicios públicos y el desarrollo regional.

En 2024, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), S/ 12,246 millones destinados a inversión pública no se ejecutaron, lo que representa una gran oportunidad desperdiciada en infraestructura y saneamiento. Además, la corrupción sigue siendo un problema grave, generando pérdidas de más de S/ 24,000 millones anuales.

Para mejorar la administración pública, el MEF ha promovido capacitaciones y la contratación de funcionarios especializados en diversas áreas. No obstante, estas iniciativas pierden efectividad cuando chocan con intereses políticos o prácticas arraigadas en la gestión local.

El autor propone un cambio radical en el proceso de selección de autoridades subnacionales, sugiriendo que en lugar de elecciones populares, los cargos sean ocupados mediante concursos públicos basados en criterios técnicos y de meritocracia. Aunque este planteamiento enfrenta barreras normativas y políticas, se argumenta que es necesario adoptar medidas disruptivas para mejorar la calidad de vida en las regiones y evitar un mayor descontento social.

El texto expone una crítica contundente a los problemas estructurales de la descentralización en el Perú, resaltando la ineficiencia en la gestión pública y la corrupción como sus principales obstáculos.

Desde sus inicios en 2002, el modelo de descentralización no ha logrado cumplir con sus objetivos debido a factores políticos y administrativos. La transformación de los departamentos en regiones sin una planificación adecuada generó una distribución ineficaz de recursos y competencias. A pesar del tiempo transcurrido, el problema persiste y ha empeorado en términos de ejecución presupuestaria y transparencia.

Uno de los puntos centrales del texto es el impacto de la corrupción y la ineficiencia en la ejecución del presupuesto público. La falta de control adecuado y la presencia de intereses particulares en la administración local han derivado en un malgasto significativo de fondos públicos.

El hecho de que en 2024 se haya dejado de ejecutar más de S/ 12,000 millones en inversión pública evidencia que el problema no solo es la falta de recursos, sino la incapacidad de administrarlos correctamente. Sumado a esto, las pérdidas anuales por corrupción superan los S/ 24,000 millones, lo que agrava la precariedad de los servicios públicos y limita el desarrollo en las regiones.

El autor plantea una reforma radical: reemplazar la elección popular de autoridades subnacionales por un sistema de selección basado en méritos. Esta propuesta busca garantizar que los funcionarios tengan las competencias necesarias para gestionar los recursos públicos de manera eficiente.

Si bien la propuesta enfrenta obstáculos normativos y políticos, responde a la necesidad de mejorar la gobernanza en el país. La implementación de un sistema meritocrático podría reducir la influencia del clientelismo y la corrupción en la gestión pública. Sin embargo, también plantea desafíos democráticos, ya que eliminar la elección popular podría generar resistencia en la población y en los grupos de poder establecidos.