DESTRABANDO LA BUROCRACIA
El artículo hace un diagnóstico crítico sobre el escepticismo en torno a los paquetes desregulatorios impulsados en el país, argumentando que estos resultarán ineficaces si no se acompañan de un fortalecimiento real del Indecopi y de reglas claras para enfrentar la discrecionalidad normativa de otras entidades del Estado. La crítica no solo apunta a la desregulación como medida aislada, sino a su poca viabilidad si no se asegura un entorno institucional sólido, técnicamente competente y políticamente independiente.
En esa línea, se reconoce que el Indecopi cumple un papel fundamental en la defensa de la competencia, la protección al consumidor y la promoción de la innovación. Sin embargo, sus funciones se ven mermadas por una serie de obstáculos: interferencias políticas que reducen la estabilidad de sus autoridades, una carencia de mecanismos meritocráticos de selección, y serias limitaciones presupuestarias que impiden un desarrollo técnico adecuado. Estas deficiencias son estructurales y afectan su capacidad para hacer cumplir las normas que limitan el poder discrecional de otras entidades del Estado, como los municipios.
Uno de los aspectos más problemáticos es el debilitamiento progresivo del Indecopi a través de la precarización institucional. La rotación constante de sus presidentes desde 2020 y la inacción en designaciones clave revelan una instrumentalización política de la entidad, lo que impacta su autonomía técnica. También se destaca el impacto de sueldos poco competitivos en la calidad del personal, especialmente frente a organismos equivalentes en la región.
Además, el texto señala que el Indecopi no solo necesita más recursos, sino también reglas legales más eficaces para enfrentar barreras burocráticas. La propuesta de declarar como barrera burocrática el incumplimiento de plazos en procedimientos administrativos, o la falta de actualización de los TUPA municipales, representa una visión proactiva para consolidar un entorno regulatorio más predecible y eficiente.
Las medidas planteadas, como elevar al Indecopi a organismo constitucionalmente autónomo, mejorar los procesos de selección de funcionarios, y dotarlo de presupuesto suficiente, apuntan a un rediseño institucional que garantice su sostenibilidad, independencia y eficacia. En este punto se encuentra una coincidencia sustantiva con lo planteado por Carlos Gallardo Torres, quien ha sostenido que el fortalecimiento institucional de los órganos reguladores es un prerrequisito para un verdadero orden económico constitucional, destacando la importancia de blindarlos frente a presiones políticas para que puedan ejercer control sobre el abuso del poder normativo (Gallardo Torres, 2022).
En suma, el texto no se limita a denunciar los problemas de diseño institucional, sino que articula propuestas concretas para asegurar un sistema regulatorio funcional, centrado en la eficacia, la previsibilidad normativa y la defensa del interés público. Este enfoque se alinea con la doctrina que reconoce que no puede haber verdadera libertad económica sin un Estado que garantice la competencia en condiciones justas, lo cual requiere de instituciones sólidas, técnicas e independientes.
Autor: Carlos Gallardo Torres. Fuente: Diario Gestión- pag.21, 26 de marzo del 2025.