A tres años años de su instauración en la Ley de Concursos y Quiebras,
el Acuerdo Preventivo Extrajudicial atraviesa hoy una etapa difícil.
Mientras su constitucionalidad está siendo cuestionada en la Justicia, a partir
de un planteo de la fiscal general de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, en el caso Romi S.R.L., más de u$s3.000 millones de deuda corporativa todavía espera ser
reestructurada a través de este tipo de acuerdos.
El dato no es menor ya que se trata de los pasivos de empresas de la talla de CableVisión, Banco Hipotecario, Multicanal,
Acindar o Metrogas. Eso sin
contar a Pyme y comerciantes individuales que también
esperan la homologación judicial de sus acuerdos para salir del estado
concursal.
Por eso, el derrotero judicial del recurso extraordinario presentado por Gils Carbó en diciembre último
preocupa a jueces, empresarios y abogados que temen por la continuidad de la
figura utilizada por las empresas como una herramienta para superar el ahogo
financiero en el que quedaron tras la crisis del 2001.
Fuente:
www.derechoconcursal.blogspot.com