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El nuevo tratamiento fiscal que regirá a partir del año
que viene para la disolución y liquidación de las sociedades patrimoniales prevé,
en primer lugar, la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. En la enmienda introducida ayer también se
exime a estas sociedades de devengar el impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana. Con la eliminación del régimen de las
sociedades patrimoniales, cuando un contribuyente realice sus inversiones o
lleve a cabo sus actividades a través de la forma societaria, la tributación
será la que corresponda aplicando las normas generales del impuesto sobre
sociedades sin ninguna especialidad, dado que la elección de la forma
jurídica responderá no tanto a motivos fiscales como económicos. Con la nueva
enmienda pactada entre el PSOE y CiU se regula el régimen transitorio para
que estas sociedades puedan encarar su disolución y liquidación sin coste
fiscal alguno. El régimen de sociedades patrimoniales fue el heredero
del régimen de transparencia fiscal al que se acogieron las sociedades de
profesionales, artistas y deportistas para eludir la progresividad del
Impuesto sobre la Renta a través de entidades interpuestas que han limitado
su tributación al impuesto sobre sociedades. Con la nueva reforma, a partir de enero del año que
viene quedará derogado dentro del Impuesto sobre Sociedades el régimen de las
sociedades patrimoniales. Los afectados empezarán a tributar por los
rendimientos a un tipo impositivo inferior al del 40% que hay establecido
para dicho régimen ya que los tipos previstos en Sociedades se rebajarán en
dos años hasta el 30%. Ayer se introdujeron también en la comisión de Economía
del Congreso el resto de las enmiendas pactadas entre el PSOE y CiU el pasado
miércoles. A juicio del portavoz de Economía del Grupo Socialista, Ricard
Torres, la reforma fiscal aprobada por el Gobierno es 'lo suficientemente
profunda para el momento económico actual'. Coincidieron con él los
portavoces de CiU y el PNV, Josep Sánchez Llibre y Pedro Azpiazu, y
discreparon abiertamente los del PP y ERC, Francisco Utrera y Joan Puig. Entre otras enmiendas aprobadas figuran las que elevan
a 10.000 y 12.500 euros las aportaciones máximas deducibles a planes de
pensiones para los trabajadores menores de 50 años y los mayores de esta
edad. Los mismos límites regirán para los importes anuales máximos que abonen
las empresas a los sistemas de previsión social. Exención para dividendos
En los rendimientos de capital mobiliario se mantiene en
lo esencial la regulación vigente, si bien desaparece la norma de integración
de dividendos que anteriormente se contenía en la ley al optar por un sistema
clásico de relación entre el impuesto societario y el de la renta de las
personas físicas. Como consecuencia de esta opción, desaparece la deducción
por doble imposición de dividendos y se introduce una exención para los que
no superen en cuantía íntegra los 1.500 euros. La rebaja de tipos en el impuesto sobre sociedades se
hará en dos años hasta quedar fijados en un 32,5% en 2007 y en un 30% en
2008. Las entidades dedicadas a la exploración, investigación y explotación
de hidrocarburos se beneficiarán también de una rebaja de cinco puntos, hasta
llegar a tributar en 2008 a un tipo del 35%. La Comisión de Economía también introdujo ayer en el
proyecto la enmienda por la que se mantiene en el 60% el límite conjunto
sobre las cuotas íntegras de IRPF y Patrimonio, con la correspondiente
minoración de las ganancias generadas en más de un año. El PP espera turno
en el Senado El principal partido de la oposición no ha sacado
adelante ninguna enmienda de relieve durante el trámite de la reforma fiscal
en el Congreso y ahora dirige su mirada al Senado donde, dado que se
encuentra a sólo cuatro escaños de la mayoría absoluta, dispondrá de mayor
margen para intentar acordar con CiU algunas de sus iniciativas. El portavoz del PP en la Comisión de Economía del
Congreso, Francisco Utrera, señaló ayer que la reforma tributaria promovida
por el Gobierno implica un 'retroceso de años' en la técnica fiscal pues va
más allá 'de la política fiscal del régimen de Franco y se remonta a la época
de Fernando VII'. A su juicio, genera 'más costes que beneficios'. Hacienda no ha dado a conocer todavía el gasto fiscal
de las nuevas enmiendas introducidas ayer en comisión. El coste inicial
estimado a partir de los cambios incluidos en el IRPF y en el impuesto sobre
sociedades ronda los 4.500 millones de euros, de los cuales 2.000 derivan de
los primeros. El adelanto a enero de 2007 del tipo al 25% en sociedades para
las pequeñas y medianas empresas costará alrededor de 1.200 millones. Fuente: www.porticolegal.com
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