CUENTAS OCULTAS
AUTOR: Antonio Yonz Martínez
Durante la última década, Estados Unidos ha lanzado brutales ataques contra países como Suiza y Liechtenstein, donde los bancos han permitido que cuidadanos estadounidenses oculten dinero y, por ende, evaden el pago de impuestos. Forzados a transparentarse, estos antiguos refugios han visto mucho dinero turbio irse a otros lados, incluso a Estados Unidos.
Ahora es turno de que el agresor se ponga a la defensiva. Otros países están utilizando herramientas similares a las que Estados empleaba para descubrir dinero no declarado, escondido por sus propios ciudadanos en la economía más grande del mundo.
Además de multar y enjuiciar a quienes posibilitan la evasión tributaria -los bancos suizos han tenido que pagar por lo menos US$ 5,500 millones-, Estados Unidos aprobó una ley el 2010, conocida como Fatca, que exige a las firmas financieras foráneas revelar información sobre sus clientes estadounidenses.
Viéndose obligados a actuar, más de 100 países suscribieron el Estándar Común de Reporte (ECR), gracias al cual comparten entre ellos información financiera trbutariamente relevante. Sin embargo, Estados Unidos no ha firmado el ECR, aunque comparte información de clientes extranjeros de bancos del país en cumplimientos de las disposiciones sobre reciprocidad de la ley Fatca.
Pero ese intercambio de datos es fragmentado y muchos países no reciben nada. sumado a esta situación, está el alto grado de aninimidad ofecido por las empresas de fachada estadounidenses, con lo que es poco sorpresivo que Estados Unidos se haya convertido en el destino preferido para muchos evasores de impuestos.
Un experto tributario estima que "más del 90% de activos que evitan el ECR se ha refugiado en este país".
Estados Unidos no tiene que preocuparse por el tipo de coacción que tuvo que enfrentar Suiza -ningún otro país posee algo parecido a su poderosa extraterritorialidad financiera-. No obstante, otros países están descubriendo que existen herramientas legales a su disposición. Una de ellas es la llamada "citación judicial John Doe".
Esta norma estadounidense posibilita que las autoridades tributarias investiguen a "una persona o un grupo identificable o una categoría de personas" de quienes se sospecha han cometido irregularidades financieras, pero cuyas identidades son desconocidas. Si son aprobadas por un juzgado, las citaciones obligan a los bancos a revelar nombres.
Hasta ahora, el mayor usuario de esta herramienta en casos tributarios ha sido Estados Unidos. Por ejemplo, la utilizó el 2008 para forzar la apertura del secretismo de la banca suiza.
El resultado fue que UBS tuvo que proporcionar los nombres de alrededor de 4,500 de titulares de cuentas.
En abril pasado, ocurrió lo inverso: un pedido de Finlandia hizo que el ente recaudador estadounidense, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), solicite a una corte federal en Carolina del Norte la aplicación de citaciones John Doe a tres bancos. El fuerte uso de cajeros automáticos en Finlandia con tarjetas de pago emitidas por esos bancos, y vinculadas a cuentas estadounidenses, llevaron a la autoridad tributaria finlandesa a concluir que estaban siendo usadas por contribuyentes finlandeses que habían ocultado rentas o declaradas al otro lado del Atlántico. La corte aprobó la solicitud.
Otros países que sufren fuga de dinero para evadir impuestos comenzarán a ver más de cerca este procedimiento. Cualquiera de los 90 que cuentan con tratados tributarios bilaterales ratificados con Estados Unidos lo pueden utilizar, aunque algunos parecen no estar al tanto de la existencia de esta opción. Por el contrario, Estados Unidos ha aceptado intercambiar información con solo 47 países bajo la ley Fatca.
Los expertos señalan que dicho procedimiento podría ayudar a revelar la identidad de no solamente cuentas bancarias dudosas, sino también de fideicomisos y pólizas de seguros que comúnmente son utilizadas para ocultar capital.
Pero podría haber obstáculos. Por ejemplo, si el titular de una cuenta es una entidad y no una persona. Sin embargo, los bancos que reciben una citación judicial están obligados a investigar quién está detrás de las empresas de fachada que poseen cuentas en ellos.
Las reglas de due diligence diseñadas para reprimir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, emitidas por la Red de Vigilancia contra Delitos Financieros (Fincen), una agencia federal estadounidense, ya obligan a los bancos a conocer la identidad de tales "beneficiairos efectivos" -aunque no todos parecen estar cumpliendo-. De ser aprobado, un proyecto de ley sobre empresas fantasma permitirá mejorar la transparencia corporativa.
Si más países toman la ruta John Doe, ayudarían a equilibrar la desigual relación que Estados Unidos tiene en asuntos de transparencia financiera, pues durante demasiado tiempo ha exigido mucho y ofrecido poco. Los evasores que esconden su dinero en ese país, sostiene Mark Morris, consultor en tributación internacional, deben "prepararse para ser tratados como piñatas".
Fuente : Gestión, 01 de Agosto del 2019.