Los recibirán abogados, síndicos y veedores del proceso, mientras Cristóbal López intenta un último recurso ante la Corte
Por la quiebra de Oil Combustibles, la nave insignia del grupo Indalo de Cristóbal López, los abogados, síndicos y veedores que intervinieron cobrarán honorarios por casi 207 millones de pesos, según determinó la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.
Además de apuntar a la mesa judicial de Mauricio Macri en el fuero penal, y pasar de acusado a víctima, López pelea en la Corte Suprema para que se revoque la quiebra de Oil. El empresario presentó allí un recurso de queja, su última chance. En tanto, en el expediente comercial principal, radicado en el juzgado de Javier Cosentino, se juega la suerte de su imperio económico.
El fallo de los camaristas Pablo Heredia, Gerardo Vasallo y Juan Garibotto redujo a la mitad los honorarios que había fijado en primera instancia el juez Cosentino, que ascendían a más de 400 millones de pesos. A ese dinero hay que sumarle el pago de la tasa de Justicia que cobra el Poder Judicial, que en este caso es de 69.276.205 pesos.
¿De dónde saldrá todo este dinero? De la propia quiebra de Oil Combustibles. El juez Cosentino, al declarar la quiebra de la empresa, hizo una compulsa de precios entre los oferentes que estaban dispuestos a quedarse con sus activos y finalmente resultó favorecida la estatal YPF, que pagó la suma de 80 millones de dólares por la refinería San Lorenzo, sus muelles y el combustible que estaba allí. Todo esto era el mayor activo de Oil Combustibles.
Ese dinero está depositado en una cuenta y hoy asciende a unos 8000 millones de pesos. De ahí se cobraron sus acreencias los trabajadores y piensa cobrarse la AFIP la deuda que la reclama a López por la retención del impuesto a los combustibles líquidos que los clientes de las estaciones de servicios pagaban al cargar nafta.
Quienes cobrarán los honorarios son los letrados de la exconcursada, Esteban Angjelinic, Daniel Herrera y Horacio Conte Grand, que recibirán 1.847.636 pesos. Al exsíndico Humberto Bartolomé Trigo se le fijaron 722.000 pesos, mientras que al Estudio Capurro, Rossello y Zaragoza le fueron fijados 14.179.452 pesos. El estudio y los abogados Edgardo Truffat, Oscar Martínez y Javier Lorente recibirán en forma conjunta por sus trabajos como veedores la suma de 601.500 pesos.
A los interventores Liuba Lencova Besheva, Francisco José Cárrega y Carlos Bianchi, en conjunto, les fueron fijados 10.632.972 de pesos en honorarios. Al abogado de López, Eduardo Favier Dubois, le fue establecido un honorario de 2.151.247 pesos, mientras que el abogado Sebastián Ariel Maggio recibirá una suma de 2.100.000 pesos.
Unos 144.400 pesos le fueron fijados a letrado patrocinante del exsíndico y el honorario de la sindicatura Estudio Capurro, Rossello y Zaragoza se fijó en 90.900.000 pesos, de los cuales 18.000.000 de pesos corresponden a su dirección letrada y serán sufragados por la sindicatura.
Asimismo, los honorarios de los interventores Liuba Lencova Besheva, Francisco Cárrega y Carlos Bianchi, en conjunto, quedaron en 82.500.000 pesos.
Fuente: La Nación, 03 de Diciembre del 2019.
El juez en lo comercial Javier Cosentino tomó esta medida en beneficio del empresario teniendo en cuenta el cambio de Gobierno
En el marco de la causa en la que se investiga la quiebra de Oil Combustibles, el juez en lo comercial Javier Cosentino decidió por 90 días la venta de los bienes de Cristóbal López por el cambio de Gobierno.
Esto se debe a que el empresario considera que como el único acreedor que falta cobrar es la AFIP, las autoridades entrantes podrían darle un plan de facilidades de pago.
El fallo de Cosentino llegó al filo de dejar el juzgado que ocupaba como magistrado suplente. Su subrogancia venció a fin de noviembre y otra jueza asumirá en su lugar. Ahora, el juez fue ternado por el Consejo de la Magistratura como camarista comercial.
La decisión del juez es del 26 de noviembre –aunque recién se conoce ahora- y se tomó ante un pedido de Oil Combustibles. En su fallo, el magistrado argumenta que esta medida es en beneficio de los intereses de los acreedores.
A través de sus abogados, López había dicho que "frente a la suficiencia de activo líquido para satisfacer en exceso a todos los acreedores, salvo a la AFIP, y la posibilidad de que las nuevas autoridades que asuman como consecuencia del cambio de gobierno sancionen un régimen normativo de facilidades de pago al cual la fallida (Oil) pueda adherir", pedía suspender la subasta de sus bienes por 90 días.
Asimismo, a través de su empresa M&S SA, demandó a la AFIP el 2 de octubre pasado, en un contraataque judicial. Sostuvo que si se siguieran vendiendo sus bienes, pero ganara ese juicio, se vería afectado su patrimonio.
Cosentino hizo lugar a esta medida cautelar y dijo que ese plazo le parecía "razonable para evaluar un nuevo escenario". Dejó fuera del alcance de su decisión la subasta de una flota de automóviles de Oil Combustibles.
El juez entendió que si bien el fondo del asunto se va a resolver en el proceso de M&S contra la AFIP, corresponde dictar esta medida ahora. Asimismo, entendió que como pidieron la suspensión de la venta por 90 días, no correspondía consultar a la AFIP para que opine.
Dijo que como autoridad de la quiebra debe analizar prestar este auxilio para "garantizar la ejecución de una futura y eventual sentencia o, como lo propiciaron tanto la sindicatura como la deudora, ante el cambio del plexo normativo a raíz de una nueva conducción del ente tributario". Es decir, si con la gestión Alberto Fernández se habilita un plan de pagos.
El magistrado explicó que su decisión "tiende a proteger -en definitiva- los intereses de los acreedores y el activo falencial en juego", sin descartar el control de la sindicatura.
En paralelo, López pelea en la Corte Suprema para que revoque la quiebra de Oil Combustibles.
Presentó allí un recurso de queja, su última chance. En tanto, en el expediente comercial que tenía Cosentino se juega la suerte de su imperio económico. Y este eventual plan podría ser su solución.
Cosentino decretó la quiebra y liquidó activos de Oil Combustibles. Vendió a YPF, en 80 millones de dólares, la refinería de San Lorenzo y el puerto. De ese dinero, que está depositado en una cuenta en pesos con saldo cercano ya a los $8000 millones, se cobraron los trabajadores y el resto de los acreedores. También los honorarios de abogados, síndicos, veedores e interventores que la Cámara Comercial fijó en $206.976.807 millones.
Fuente: iProfesional, 05 de Diciembre del 2019.