La imposición de topes a las tasas de interés es una práctica dañina, que suena bien a primera vista y es atractiva para los populistas, pero que termina haciéndole daño a quienes ellos dicen defender: los más pobres y las pequeñas empresas.
En Colombia el tope máximo a la tasa de interés se denomina “tasa de usura”. La determina periódicamente la Superintendencia Financiera como la tasa de interés promedio del mercado multiplicada por 1,5. Sus defensores justifican esta medida como un mecanismo para proteger a los deudores e impedir que los bancos obtengan ganancias excesivas a costa de sus clientes más débiles.
Numerosos estudios muestran que, en la práctica, los topes a las tasas de interés producen resultados contrarios a los que anuncian sus promotores. Dichos topes impiden que los intermediarios financieros les presenten a los más débiles y a las empresas más pequeñas. Esto ocurre porque los costos de los créditos a estos agentes son elevados, usualmente superiores a las tasas máximas permitidas por las autoridades. Si los bancos no pueden cobrar tasas que cubran sus costos, se concentran en atender a las empresas y clientes mayores, con menores riesgos.
¿Por qué son más altos los costos de los créditos a los más débiles? (i) Porque los costos fijos de crear y mantener un crédito son semejantes para los pequeños y grandes préstamos, (ii) los costos variables de operación, manejo y cobro son relativamente más elevados para los créditos pequeños y dispersos; (iii) muchos créditos a pequeñas empresas son más riesgosos y de difícil recaudo.
Se observa en nuestro medio que, al impedirles recibir servicios de los bancos, los más pobres y las pequeñas empresas no tienen más remedio que acudir al mercado extra bancario, donde caen en manos de verdaderos usureros y varias formas delincuenciales de crédito. De esta forma, acaban pagando tasas extravagantes de hasta el 3% o el 4% por día, sin protección alguna del Estado y sujetos de mecanismos violentos de cobro.
Las tasas de usura, por lo tanto, acaban incentivando el agio y las redes de préstamos criminales.
En lugar de los topes a las tasas de interés, para hacer que el crédito llegue a los más pobres, los gobiernos pueden optar por medidas alternativas, justificada por los principios económicos y las buenas experiencias internacionales. Deben alentar prioritariamente políticas para aumentar la oferta de servicios financieros y estimular la bancarización de las familias pobres y las pequeñas empresas, en un ambiente de competencia y modernización tecnológica. Entre otras cosas, pueden: (i) incentivar con subsidios transitorios la entrada y el crecimiento de ONGs, cooperativas de crédito y bancos especializados en estos servicios; (ii) desregular y promover las actividades fintech, muchas de las cuales se extienden con productos novedosos y de bajo costo a los grupos desatendidos por los intermediarios tradicionales para que se involucre, por medio de vehículos financieros especiales, en actividades de banca social.
La supervivencia de las “tasas de usura” en países de tradición católica es un rezago de añejas ideologías medievales. Santo Tomás y varios papas y concilios, con base en oscuros pasajes de la Biblia, sostuvieron que el cobro de intereses era un aprovechamiento inmoral de las necesidades del prójimo (este es, en realidad, el origen de la persistente antipatía contra el sector financiero en nuestros países). Por ello, Dante colocó a los prestamistas en el séptimo círculo del Infierno en un arenal ardiente, al lado de los sodomitas, los blasfemos y otros pecadores. Ideas de este tipo son las que, en verdad, sustentan las propuestas de ciertos políticos que se califican a sí mismos de progresistas y portadores de una elevada sensibilidad social.
Así como Keynes dijo en los años veinte del siglo pasado que el patrón oro era una “reliquia bárbara”, con mayor razón hoy podemos decir lo mismo de los anacrónicos y dañinos topes a las tasas de interés que algunos se empeñan en imponer en el sector financiero, desconociendo que en el mundo existen formas alternativas, con eficacia probada, para que el crédito llegue efectivamente a los más débiles a tasas razonables.
Fuente: Gestión, 14 de Diciembre del 2020.