Las micro y pequeñas empresas (MYPE) han sido las más golpeadas por la pandemia, habiendo desaparecido cerca del 50% entre 2019 y 2020. Sin embargo, antes de la pandemia las MYPES ya enfrentaban diversos factores estructurales que han limitado su productividad y crecimiento. Estos incluyen un insuficiente acceso al financiamiento, al uso de herramientas digitales y a los mercados, barreras regulatorias y limitadas capacidades por falta de personal calificado.

El financiamiento es un factor clave para asegurar que aquellas empresas con potencial de crecimiento puedan expandirse y ser más competitivas. Según la Encuesta Nacional de Empresas, a nivel nacional sólo el 40.5% de las MYPE acceden a crédito, la mayoría a elevadas tasas de interés especialmente de fuentes no reguladas o informales. Si bien las MYPE usan con frecuencia el crédito, la mayoría a elevadas tasas de interés especialmente de fuentes no reguladas o informales. Si bien las MYPE usan con frecuencia el crédito para capital de trabajo y las cartas fianzas, existen otros instrumentos que aún no tienen un uso extendido. En esa línea, sólo el 5.9% toman préstamos para financiar las inversiones para ampliar su capacidad productiva (o en activos fijos) y el 3.4% usa el factoring o facturas con descuento. En este sentido, resulta positiva la reciente aprobación del reglamento factoring, potencialmente favoreciendo a 800.000 pequeñas empresas.

La actual administración gubernamental pretende también apuntar a las MYPE a través de la ampliación de la extensión de los plazos de repago de Reactiva Perú y FAE-MYPE, la simplificación de los engorrosos regímenes tributarios de la pequeña empresa, la extensión de los programas de compras estatales (Compras MYPErú), entre otros. Por su parte, la compra de cartera puede ayudar a la reactivación de este segmento, aunque no queda claro cuál sería el interés comercial de entidades privadas (nacionales o extranjeros) de adquirir este tipo de activos.

Sin perjuicio lo anterior, la principal apuesta del Gobierno de Castillo es lograr una mayor presencia estatal en el financiamiento directo a las MYPE, incluso planteando modificar el alcance de la banca pública de segundo piso, como en el Banco de la Nación (BN). Esto significa ir más allá del rol subsidiario que la Constitución permite para lo cual se estaría solicitando al Congreso facultades legislativas en la materia.

Además de rol que el BN juega como oferta única bancaria donde hay presencia privada, la intermediación financiera de primer piso resulta una apuesta muy arriesgada y no asegura la sostenibilidad del financiamiento para la MYPE. Llegar a crear una entidad financiera pública como el Banco Estado en Chile que compita a la par con la banca comercial privada, como se pretende, significaría una gran transformación del BN para una actividad para la que no está capacitada. En la actualidad el BN carece de las plataformas tecnológicas necesarias, el personas especializado o las políticas para evaluar el riesgo individual de las MYPE o de personas naturales (distintos a los funcionarios públicos). La experiencia del BN se limita al manejo de la liquidez y tesorería de ciertas entidades microfinancieras al interior del país.

Aparte de representar una competencia desleal para entidades financieras de menor tamaño (por ejemplo, cajas rurales, financieras y edpymes) dada la naturaleza de sus pasivos, el principal riesgo de implentar una banca pública de primer piso es la preponderancia de una elevada morosidad en la cartera crediticia que mine su sostenibilidad. La experiencia del Agrobanco al respecto se torno ilustrativa. Mientras que en el 2011 el porcentaje de créditos atrasados representaba el 4.6% del total de créditos, en 2020 pasó a ser 89.1%.

Más allá de las características propias del sector agrícola, uno de los principales problemas inherentes al sector es la distorsión que introduce la presión social y política para una eventual condonación crediticia, hecho que desincentiva el repago puntual de las obligaciones de los deudores.

Eventualmente esto podría conllevar a la intervención del regulador para evitar pérdidas patrimoniales y una eventual dependencia de inyecciones de recursos del Tesoro público.

Si bien es deseable que el Gobierno intente ampliar la inclusión financiera en general, debiera potenciar los esfuerzos logrados por las entidades microfinancieras que han tenido un notable desempeño reconocido internacionalmente, sin reinventar la rueda. La evidencia muestra que el microcrédito ha tenido un crecimiento sostenido, pasando de un volumen de créditos equivalentes a US$ 162 millones en 1995 a más de US$ 10 mil millones en 2020. Asimismo, esta expansión ha venido acompañada de una continua reducción en las tasas de interés respectivas, pasando de 84% en 1995 a 30% en 2020.

Esto también ha permitido que el microcrédito formal se posicione como mejor alternativa a los intermediarios no regulados que cobran tasas de interés usureras.

En lugar de emprender actividad empresarial estatal, generar contingencias fiscales innecesarias y potenciar vehículos que pueden prestarse para uso clientelar y que no aseguran aumentar el acceso al financiamiento de la MYPE de manera sostenible y competitiva, el Estado tiene al menos tres tareas fundamentales que no debiera descuidar: i) aumentar la conectividad digital a través de inversiones en infraestructura para lograr una mayor inclusión financiera, ii) aumentar la formalización empresarial ya que sin esta la mayoría de MYPE no acceden a financiamiento formal (desde la falta de formalidad en la constitución de la empresa, hasta la informalidad en pago de alquileres, contratación laboral, compra de insumos etc.) y iii) garantizar la estabilidad macroeconómica, habida cuenta que la inflación y la volatilidad cambiaria afectan de sobremanera a las MYPE.

 

 

Fuente : Gestión, 22 de septiembre del 2021.