La creciente ola de criminalidad en diversas zonas del Perú está afectando significativamente la operatividad de las microfinancieras, limitando su acceso a ciertos distritos y encareciendo el costo del crédito. Según Jorge Solís, presidente del Directorio de Caja Huancayo, existen áreas consideradas "zonas rojas" donde la criminalidad controla el mercado financiero, impidiendo que los analistas lleguen a todos los clientes. Distritos como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres en Lima, así como otras regiones del país, se ven particularmente afectados por esta situación.
Ramiro Arana, gerente de negocios de Caja Huancayo, señala que la expansión de las microfinancieras hacia las periferias de Lima se ha complicado debido al incremento de la criminalidad en distritos como San Juan de Miraflores y Los Olivos. Los analistas de crédito enfrentan amenazas directas al visitar comercios para ofrecer capital de trabajo.
Jorge Delgado, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas (ALAMI), advierte que muchos negocios están cesando sus operaciones y que los propietarios evitan endeudarse por temor a ser blanco de extorsionadores. En algunas áreas, los delincuentes han establecido un control tal que solo ellos pueden operar, excluyendo a otras entidades financieras. Además de exigir pagos por "seguridad", estas mafias obligan a los comerciantes a tomar préstamos con condiciones usureras.
Este clima de inseguridad tiene un impacto negativo directo en la evolución del crédito. Solís estima que, en este contexto, el financiamiento "no va a crecer", a pesar de las intenciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de impulsar la economía mediante tasas de interés más bajas. La situación obliga a las microfinancieras a ser más conservadoras en la aprobación de créditos y, en algunos casos, a ajustar al alza las tasas de interés en zonas donde las extorsiones y amenazas son más frecuentes.
En respuesta a esta problemática, el gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, con el objetivo de enfrentar la ola de delincuencia mediante la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
En resumen, la escalada de criminalidad está restringiendo el acceso de las microfinancieras a diversas zonas del país, afectando tanto a las instituciones financieras como a los pequeños y medianos empresarios que dependen de ellas para obtener capital de trabajo.
Fuente: Diario Gestión- pag.18, 23 de enero del 2025.