A casi un mes del anuncio de la venta de Telefónica del Perú (TdP) a la empresa Integra Tec International, empiezan a conocerse los efectos de dicha transacción. No obstante, hasta ahora se desconocían las medidas legales emprendidas por los principales tenedores de bonos corporativos emitidos por la empresa en 2019 por un valor de S/ 1,700 millones, entre los que se encuentran diversas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Según ha informado Gestión, estos acreedores que incluyen a Profuturo, Integra, Prima, Moneda, Rímac Seguros y Reaseguros, Interseguro, Pacífico y La Positiva han tomado acciones frente a la operación.
Adrián Simons, representante de las AFP y aseguradoras involucradas, señaló que la venta se realizó sin brindar información previa, a pesar de que cualquier decisión que afectara el futuro de TdP debía ser evaluada por su Junta de Acreedores, la cual aún no se había constituido. Simons sostuvo que no se cumplió con estándares mínimos de transparencia. Indicó que, al haberse iniciado un procedimiento concursal ordinario ante Indecopi, lo correcto hubiera sido dialogar con los principales acreedores antes de tomar decisiones de este tipo. Sin embargo, Telefónica Hispanoamérica habría procedido a transferir la totalidad de su participación a Integra Tec sin comunicarlo previamente.
Frente a este escenario, los tenedores de bonos presentaron una demanda de amparo ante el Décimo Primer Juzgado Constitucional Permanente de Lima el 16 de abril, la cual fue admitida el 5 de mayo. Mediante esta acción legal, los demandantes solicitan que se impida a Telefónica Hispanoamérica transferir las acciones de TdP a Integra Tec International y que se deje sin efecto o se suspenda dicha operación, la cual consideran fue realizada de manera irregular, por un monto mínimo (S/ 3.7 millones), y en abuso del derecho de transferencia de acciones.
Pese a que la venta ya se concretó, Simons advierte que tanto comprador como vendedor asumieron ese riesgo al proceder sin el conocimiento de los acreedores. Esto, señala, podría derivar en consecuencias judiciales, como que el juez declare que se incurrió en un ejercicio abusivo del derecho y, por tanto, se permita que la Junta de Acreedores evalúe y decida sobre la validez de la transferencia. Según indicó, los acreedores tienen legitimidad para pronunciarse, ya que compraron bonos cuando Telefónica Hispanoamérica era accionista único de TdP.
En cuanto a los fundamentos de la demanda, Simons explicó que buscan proteger diversos derechos afectados por esta transacción. Por un lado, piden que se declare que Telefónica Hispanoamérica ejerció su derecho a transferir acciones de manera abusiva y perjudicial. También ponen en cuestión la idoneidad del comprador, dado que fue constituido apenas un mes antes en Panamá y no tiene como objeto principal las telecomunicaciones. Además, se argumenta que la operación compromete el derecho de propiedad de los acreedores al poner en riesgo la recuperación de los bonos adquiridos. Finalmente, se invoca la protección del consumidor, al considerar que la empresa compradora no cuenta con la capacidad técnica ni operativa para asumir la gestión de TdP.
Fuente: Diario Gestión- pag.2, 08 de mayo del 2025.