
El 90% de las empresas en el Perú considera que la incertidumbre tributaria se ha convertido en su principal riesgo operativo, transformando la relación con la Sunat de un tema de mero cumplimiento a una prioridad estratégica debido a su actual carácter litigioso y arbitrario. Según un análisis de Apoyo Consultoría, esta percepción surge por la creciente brecha entre las normas técnicas y las interpretaciones administrativas, particularmente en la aplicación de la Norma Antielusiva General, donde la fiscalización suele ignorar la dinámica real y la sustancia económica de los negocios. Esta desconexión se evidencia en prácticas como la exigencia de estándares probatorios irrazonables para reconocer cuentas de cobranza dudosa, los cuestionamientos restrictivos a los gastos financieros y las auditorías extenuantes a los contratos de cobertura de riesgos, lo que termina desincentivando el crecimiento empresarial.
A este escenario se suma un preocupante debilitamiento institucional caracterizado por la alta rotación de directivos tanto en la Sunat como en el Tribunal Fiscal, lo cual reduce la especialización técnica necesaria para resolver controversias complejas, en un contexto donde el gasto en personal de la administración tributaria ha aumentado sin lograr elevar significativamente la presión tributaria. El informe advierte que esta estrategia fiscalizadora es "miope", ya que el Estado contabiliza como ingresos los pagos que las empresas realizan bajo protesta durante los litigios, como el millonario pago reciente de Credicorp que permitió cumplir "como un espejismo" la meta de déficit fiscal, creando en realidad un enorme pasivo contingente en caso de que el Poder Judicial ordene devoluciones. Para mitigar este panorama, se recomienda que las empresas fortalezcan su gobierno corporativo tributario, mientras que el Estado debe apuntar a profesionalizar sus órganos resolutores y cambiar los indicadores de la Sunat hacia una recaudación firme y no impugnada, promoviendo así la inversión y el empleo.
Fuente: Diario Gestión, pág. 10, 26 de febrero del 2025.