En las últimas dos décadas, la dependencia del país respecto a la importación de combustibles ha crecido significativamente, lo que ha impactado directamente en la economía nacional. La importación de gasolina se ha multiplicado por 13, mientras que la del diésel lo ha hecho más del doble, representando actualmente el 52% y 75% de la demanda, respectivamente. Este aumento en la dependencia externa genera una fuerte exposición a las variaciones de los precios internacionales, lo que a su vez repercute en el incremento de la inflación. Para mitigar el impacto en los hogares, se han implementado diversos subsidios y mecanismos de control de precios, los cuales, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), han generado un costo fiscal acumulado superior a S/ 32 mil millones en los últimos 20 años. No obstante, estos mecanismos han distorsionado la eficiencia en el uso de la energía y no han logrado una sostenibilidad fiscal adecuada.
Uno de los mecanismos más cuestionados es el Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), que se diseñó como una medida temporal para amortiguar las fluctuaciones del precio del petróleo y sus derivados. Sin embargo, su permanencia por más de 20 años ha demostrado ser costosa y poco eficiente, dado que no transfiere plenamente los beneficios a los consumidores, no logra recuperar los aportes y genera un impacto regresivo. Durante su vigencia, solo ha registrado saldos positivos en cinco años, lo que ha representado un costo superior a S/ 18 mil millones, principalmente debido al subsidio al diésel y al Gas Licuado de Petróleo (GLP). Adicionalmente, estudios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evidencian que los beneficios no siempre se trasladan a los consumidores, con tasas de traspaso tan bajas como 30% en el caso del GLP en balones de 10 kg. En consecuencia, organismos internacionales han recomendado reemplazar progresivamente el FEPC por programas más eficientes y focalizados, eliminando gradualmente los subsidios a los combustibles más contaminantes y garantizando una mayor sostenibilidad fiscal.
Otro mecanismo con impactos negativos es la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los transportistas de carga y pasajeros. Este esquema, implementado en 2004 con el propósito de fomentar la formalización del transporte público, ha generado distorsiones fiscales y ambientales. Inicialmente, la devolución representaba el 20% del ISC, pero con el tiempo ha llegado hasta el 70%, sin que se observen mejoras sustanciales en la formalización del sector. En total, se han destinado más de S/ 507 millones en devoluciones y, en 2022, se añadieron S/ 962 millones por la exoneración completa del pago. Si bien el MEF introdujo en 2018 el criterio de nocividad en el ISC, con el objetivo de que los combustibles más contaminantes paguen mayores impuestos, las devoluciones y exoneraciones han neutralizado este principio.
Asimismo, las exoneraciones del ISC y el Impuesto General a las Ventas (IGV) a los combustibles en la Amazonia han representado un costo fiscal significativo sin lograr los objetivos de desarrollo planteados. Estas exoneraciones, vigentes al menos desde 1998, tenían como propósito fomentar la actividad económica en una de las regiones más rezagadas del país. Sin embargo, según estimaciones del MEF, entre 2003 y la actualidad se ha dejado de recaudar más de S/ 10 mil millones, de los cuales el 68% corresponde al ISC. Dado que este impuesto busca corregir externalidades negativas, su eliminación contradice principios básicos de política fiscal. Aún más preocupante es el hecho de que estas exoneraciones han facilitado el abastecimiento de sectores ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal. En Madre de Dios, una de las principales zonas de extracción de oro ilegal, el consumo de combustibles ha crecido un 59% en los últimos cinco años, una cifra que supera ampliamente el promedio nacional y el de otras regiones amazónicas. Esto sugiere que los incentivos tributarios no han logrado generar desarrollo sostenible en la región.
En contraste, el programa Vale GLP, implementado en 2012 para beneficiar a hogares en zonas rurales y periurbanas, ha mostrado una mayor justificación social. Su objetivo es sustituir el uso de leña y otros combustibles contaminantes mediante la entrega de un subsidio directo a familias elegibles. Hasta 2023, el programa ha acumulado un gasto de S/ 2,077 millones y ha alcanzado a 2.1 millones de beneficiarios. No obstante, enfrenta desafíos relacionados con la identificación de beneficiarios, su cobertura geográfica y aspectos operativos que deben ser mejorados. A pesar de estas limitaciones, su impacto social lo convierte en una política relevante que debería optimizarse en lugar de ser eliminada.
El análisis del IPE plantea la necesidad de reorientar el uso de los recursos fiscales y energéticos del país. Se destaca que, en algunas regiones, el gas natural aún no es una opción viable, por lo que se deben fomentar alternativas energéticas más eficientes. Además, se enfatiza la importancia de expandir el suministro de gas natural a través de ductos en lugar de camiones, reducir las barreras para la inversión en hidrocarburos y adoptar medidas para evitar que los precios de la energía se disparen en momentos de estrés hídrico. Ante este panorama, es urgente eliminar trabas burocráticas, establecer una tarifa única y dejar de destinar cuantiosos recursos a subsidios ineficientes. Si bien esta tarea recae principalmente en el MEF y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), su implementación es esencial para garantizar una política energética más sostenible y eficiente en el país.
Autor: Carlos Gallardo Torres. Fuente: Diario Gestión- pag.20, 28 de enero del 2025.