La aprobación de la extensión del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) y la reincorporación de 50 mil mineros excluidos por parte de la Comisión de Energía y Minas del Congreso no es una sorpresa, sino la confirmación del inmenso poder político y fáctico que tiene la minería informal e illegal en el Perú.
Existe una relación estrecha y amable entre los mineros informales o ilegales y las autoridades, tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo. No hay voluntad real de frenar esta actividad. Estos mineros son los únicos capaces de marchar y bloquear avenidas principales, como la Av. Abancay, en pleno estado de emergencia, sin ser molestados por la policía ni la fiscalía, e incluso siendo recibidos por congresistas.
La benevolencia política no es gratuita, pues este sector mueve millones de dólares. Tambien financia actividades políticas y campañas, y se ha infiltrado en la clase dirigente y gobiernos regionales. Este sector controla territorios y servicios básicos en algunas zonas, a pesar de generar contaminación, explotación laboral y trata de personas. Es inaceptable que el primer ministro y el titular del sector de Energía y Minas respondan que "aún no tienen opinión" sobre un tema que se debate públicamente hace años. El congreso no debe actuar pasivamente y legislar a favor de un sector que hace más daño que bien al país.
Fuente: Diario Gestión, pág. 22. 21 de noviembre del 2025.