El artículo del Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que la reciente interrupción del suministro de gas natural en el Perú ha evidenciado una grave vulnerabilidad energética, subrayando los riesgos de no haber priorizado la inversión y la masificación de este recurso. Si bien el gas natural ha transformado positivamente la matriz energética del país en las últimas dos décadas y ha generado multimillonarios ahorros económicos (especialmente en el sector eléctrico, industrial y de transporte), su desarrollo ha sido sumamente heterogéneo. Actualmente, la demanda y los beneficios se concentran de manera abrumadora en Lima y Callao, mientras que otras zonas del país, particularmente el sur, presentan un rezago significativo en cobertura residencial y acceso.
Esta preocupante situación responde a un profundo déficit de infraestructura y a la caída sostenida de la inversión en el sector de hidrocarburos. En el Perú se cuenta con una red de ductos de transporte sumamente escasa (apenas 1,558 kilómetros) en comparación con países vecinos como Colombia y Argentina, lo que encarece la distribución, limita la cobertura y frena la conexión de nuevas industrias. A este problema logístico se suma que la exploración de nuevos yacimientos se ha desplomado drásticamente en los últimos años debido a un entorno desfavorable para la inversión, marcado por la excesiva "tramitología", la discrecionalidad de los permisos municipales, la conflictividad social y una marcada debilidad institucional. Sin nueva exploración, el país corre el riesgo de no reponer las reservas necesarias para respaldar la masificación a largo plazo.
Para superar esta contingencia y garantizar una verdadera seguridad energética, el documento concluye que el país requiere con urgencia una agenda seria que promueva la inversión privada mediante reglas predecibles y una drástica reducción de trabas burocráticas. Esto exige fortalecer a instituciones clave como el Minem, Osinergmin y Perupetro, modernizar el marco regulatorio para destrabar permisos, fomentar una mayor voluntad política para la coordinación interinstitucional y proteger los fondos de inclusión social energético. Solo a través de un esfuerzo institucional y regulatorio profundo, de una escala similar al que hizo posible el proyecto Camisea hace más de dos décadas, el Perú podrá aprovechar plenamente su potencial y blindarse ante futuras crisis.
Autor: Instituto Peruano de Economía. El Comercio, pág. 6-8, 09 de marzo del 2026.