La seguridad hídrica es un factor indispensable para la viabilidad y el sostenimiento del crecimiento económico en el Perú. A pesar de que el agua es un activo estratégico fundamental para la producción agrícola, minera, industrial y energética, así como para la salud pública, su gestión actual se encuentra gravemente fragmentada entre distintos sectores y niveles de gobierno. Esta desarticulación institucional limita la capacidad del Estado para responder a desafíos complejos y simultáneos que atraviesa el país, tales como la escasez, el deterioro de la calidad del recurso, la brecha de infraestructura y la creciente vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones prolongadas. Ante este crítico panorama, el próximo gobierno debe priorizar durante sus primeros 100 días el impulso de una gobernanza del agua integrada y territorial, enfocada en la gestión de cuencas. El reto principal no radica en diseñar nuevas políticas, sino en lograr que las normativas existentes se apliquen de manera multisectorial y efectiva, involucrando a todos los actores sociales con una visión común de largo plazo. Convertir la gestión hídrica en una prioridad de Estado permitirá proteger las fuentes de agua, prevenir conflictos socioambientales y garantizar la competitividad, consolidándose como una prueba determinante de la capacidad gubernamental para asegurar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de millones de peruanos.
Autor: Elsa Galarza. Fuente: Diario Gestión, pág. 18, 26 de junio del 2026.