El verano de 2027 se perfila como la temporada más crítica por el fenómeno El Niño en la costa peruana desde 2017, al registrar un 84 % de probabilidad de manifestarse de forma fuerte o extraordinaria según la Comisión Multisectorial del ENFEN. Esta emergencia climática coincide de manera problemática con la primera semana de gestión de 13 148 autoridades subnacionales, quienes asumirán sus cargos el 1 de enero tras las elecciones de octubre, justo cuando se intensificará el periodo de lluvias y sus consecuentes daños en la red vial, el comercio, la agricultura y la pesca. La coexistencia de ambos eventos expone una falla estructural en la gestión pública: mientras las autoridades salientes carecen de incentivos para ejecutar presupuestos de prevención cuya capitalización política aprovecharán sus sucesores, las autoridades entrantes desconocen el estado de los expedientes técnicos.
Esta desconexión genera una recurrente caída en la inversión pública local durante los primeros años de gestión, tal como ocurrió en 2019 y 2023. El problema se exacerba por la falta de un servicio civil meritocrático que garantice la permanencia de cuadros técnicos capacitados, provocando la pérdida de memoria institucional tras cada contienda electoral. Para mitigar los riesgos del empalme gubernamental en plena emergencia, se plantea la urgencia de establecer una cartera de proyectos de prevención obligatoria y estandarizada, la protección contractual de los equipos técnicos hasta abril y la intervención directa del gobierno nacional en zonas críticas. A largo plazo, la consolidación de un servicio civil profesional en los tres niveles de gobierno se presenta como la medida de defensa civil más efectiva para garantizar que la respuesta del Estado no se detenga ante las dinámicas políticas.
Fuente: Nuria Esparch. Fuente: Diario Gestión, pág. 16, 3 de setiembre del 2026.