INSTITUCIONES, CORRUPCIÓN Y ECONOMÍA

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA
ECONOMISTA

Desde esta columna hemos reiteradamente precisado que para aspirar crecer a tasa alta y sostenida es indispensable mantener los fundamentos macroeconómicos, consolidar las instituciones y poner en movimiento los dos motores del crecimiento, la inversión y productividad. De ellas, los modelos de crecimiento económico de cuarta generación priorizan las instituciones; en esa dirección, Douglass North señalaba que cuando el sistema de instituciones funciona bien la economía lo hace al óptimo.

Uno de los aspectos que violenta las instituciones es la corrupción, tema que precisamente ha copado la atención de la opinión pública nacional, pues la percepción respecto de ella es que cada vez se torna más crítica. Justamente en estos días se ha conocido el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 que publica hace 24 años Transparencia Internacional y que confirma lo señalado. Es útil saber que el IPC comprende a 180 países, toma en cuenta indicadores de 13 estudios de nivel internacional y que el calificativo va de 0 a 100 para el país más o menos corrupto, respectivamente.

Como consuelo hay que decir que la situación a nivel mundial es lamentable, pues la puntuación promedio es 43.1 y 123 países (68.3%) están por debajo de los 50 puntos. Los países de avanzada entre 88 y 85 puntos son Dinamarca, Nueva Zelanda, Suecia, Singapur y Finlandia, mientras entre 18 y 10 se ubican en Yemen, Corea del Norte, Siria, Sudán de Sur y Somalia. De América del Sur, Uruguay y Chile son los mejores posicionados con 70 y 67, y con Bolivia y Venezuela a la zaga con 29 y 18, respectivamente.

El IPC 2018 para Perú muestra un claro retroceso, bajando 2 puntos en puntaje (35) y 9 posiciones (105) respecto del 2017, afirmando una tendencia negativa tomando como referencia el 2012. De los 8 estudios e indicadores utilizados en el caso peruano, en 4 retrocedió y en 4 mantuvo el puntaje. Entre los 4 que marcan caída la posición más rezagada se extrae de la Encuesta de Opinión Ejecutiva (EOE) del Foro Económico Mundial con un puntaje de apenas 24 que nos ubica en el puesto 120, en este caso de un total de 134 países; asimismo en la EOE elaborada por el IMD del Word Competitiveness Center, que pregunta si existe o no soborno y corrupción, para un total de 63 países nos ubica en el puesto 58, apenas a 5 del peor.

Estos resultados no sorprenden pues confirman la percepción nacional y generan profunda preocupación, ya que como dice Catherine Kuchta-Helblingen, en un estudio sobre el sector informal en las democracias emergentes (11/2000), la corrupción aumenta el costo de los bienes y servicios, reduce el ingreso del Gobierno para servicios esenciales, distorsiona la actividad económica y debilita la credibilidad de las organizaciones políticas.

Un factor objetivo determinante de la alta corrupción existente se encuentra en el exceso de regulación, la complejidad de los procesos, las trabas y barreras burocráticas, que lamentablemente en vez de aliviarse o reducirse se incrementa, pues como decia Cornelio Tácito, historiador y político romano de los años 50-117 d.C., cuanto más corrupto sea el Estado más legisla. Esta "hiperinflación normativa" es caldo de cultivo para la corrupción.

Esto hay que enfrentarlo, la solución no es fácil ni instantánea, requiere convencimiento que puede y debe erradicarse. Conlleva una profunda reforma del Estado en sus tres poderes y niveles (nacional, regional, local), pues ajustes parciales o epidérmicos pueden terminar siendo peor. La tecnología será gran aliada vía la digitalización integral del aparato estatal.

Publicado en Gestión, 12 de febrero del 2019.