ODEBRECHT AÚN NO ACTIVA LA DEMANDA ARBITRAL CONTRA PERÚ POR GASODUCTO SUR

Procuraduría afirma que es "falso" que exista una demanda vigente de la constructora contra el Estado. Empresa brasileña presentó una solicitud para iniciar "trato directo" hace dos años.

Hace dos años, Odebrecht –a través de sus subsidiarias Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L.- planteó una solicitud de demanda de arbitraje contra el Estado invocando el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo, lugar de constitución de ambas firmas subsidiarias.
La solicitud se sustentó en una presunta vulneración a las normas entre el inversionista y Estado, como el trato justo y equitativo, de igual protección y seguridad jurídica, en relación a la aplicación del DUN N° 003-2017-

A criterio de la construcción, este habría afectado su inversión y ocasionaría una expropiación indirecta de sus ganancias, así como por la anulación del contrato del gasoducto del sur.

¿En qué estado se encuentra esta solicitud de demanda? De acuerdo a un informe del MEF, en respuesta a una consulta del procurador Jorge Ramírez, pese a que se inició el trato directo el año 2017, Odebrecht no ha dado el siguiente paso que es la demanda arbitral.
La empresa ya está habilitada para hacerlo, pero aún lo decide, con lo cual técnicamente no hay demanda vigente contra el Perú en sede internacional en relación al gasoducto sur, según reveló el abogado del Estado.

"Esa información es completamente falsa", acotó Ramírez al ser consultado por Radio Exitosa sobre las versiones que señalan que la constructora Odebrecht mantenía en la actualidad una demanda en contra del Estado.

Antecedentes

Hace dos años, el entonces primer ministro Fernando Zavala, dijo ante la comisión Lava Jato del Congreso que la mayor prueba de que el Decreto de Urgencia 003-2017 (que busca garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura paralizados tras el escándalo de corrupción de Odebrecht) beneficiaba al Estado era la "denuncia" presentada por la constructora.

"Lo que busca el decreto de urgencia, que se dio en febrero inmediatamente después de habernos enterado del caso Lava Jato, es proteger los intereses del Estado, no el de las empresas corruptas. Tanto es así que Odebrecht ha denunciado al Estado peruano por este decreto de urgencia, porque no está de acuerdo", dijo Zavala.
Zavala se refería al "trato directo" que solicitaron –en ese entonces- dos subsidiarias de Odebrecht por un espacio de seis meses basado en el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo.

Lo que sí continúa

En tanto, continúa la demanda presentada por Enagás contra el Estado ante el Ciadi, en la cual se reclama la devolución de US$ 511 millones invertidos en el cancelado proyecto del gasoducto sur.

Para este proceso, que empezó en el 2018, el Estado contrató al estudio Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para preparar su defensa.

Mientras que Graña y Montero inició formalmente –en diciembre del 2018- el procedimiento de trato directo con el Estado a efectos de solucionar la controversia respecto a la deuda impaga que mantiene el Estado peruano con el gasoducto.

Publicado en Gestión, 18 de febrero del 2019.