VIZCARRA INTENTA TERMINAR ANTICIPADAMENTE SU PRESIDENCIA

El presidente de Perú hace un llamamiento sorprendente para nuevas elecciones.

Martín Vizcarra, el apacible presidente del Perú, sabe cómo sorprender. Durante su discurso de noventa y cuatro minutos por el Día de la Independencia, el 28 de julio, pidió a los legisladores que terminen sus mandatos, y también el suyo, un año antes, convocando a celebrar elecciones generales el próximo abril. Los 32 millones de ciudadanos del Perú claman por "un nuevo comienzo", declaró el presidente. Deben decidir el destino del país "incluso si esto significa que todos tenemos que irnos". La maniobra de Vizcarra es un signo de frustración. Se convirtió en presidente hace dieciséis meses, cuando su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, se vio obligado a dejar el cargo por las acusaciones de que había ayudado a asegurar contratos públicos para Odebrecht, una empresa de construcción brasileña que ha sobornado a funcionarios y políticos de América Latina. Vizcarra ha pasado la mayor parte de ese tiempo tratando de reformar un sistema político y judicial tan corrompido que todos los expresidentes vivos están o bajo arresto domiciliario, en la cárcel o tratando de evitar ese destino. El Congreso, cuyo partido más grande y de oposición, es Fuerza Popular (FP), ha tratado de detenerlo.

Sin embargo, no ha tenido éxito por completo. El año pasado, el Congreso aprobó a regañadientes cuatro reformas políticas y del Poder Judicial. Tres de estas fueron promulgadas después de un referendo en diciembre. Incluían impedir que los congresistas en ejercicio fueran reelegidos. En abril de este año, Vizcarra presentó otras 12 reformas políticas. Cuando el Congreso se resistió, seleccionó seis que conside vitales. Su prioridad es empoderar a un comité elegido por la Corte Suprema para decidir si un legislador acusado de un delito perderá la inmunidad de enjuiciamiento. Actualmente, es el propio Congreso el que toma es decisión. El Parlamento hasta ahora se ha negado a promulgar la propuesta de Vizcarra y ha modificado otras ideas de la reforma. Por ejemplo, se ha retrasado en diez años, hasta 2031, la fecha para exigir los partidos que presenten el mismo número de hombres y mujeres entre sus candidatos.

Hasta ahora, Vizcarra ha tratado de lidiar con la intransigencia del Congreso sometiendo a su gobierno a votos de confianza. Estos operan bajo reglas peculiarias en Perú.

Una primera derrota del Gobierno en un periodo presidencial conduce a la disolución del Gabinete Ministerial y al nombramiento por el presidente de uno nuevo. Eso sucedió en setiembre del 2017, cuando Kuczynski todavía era presidente (y Vizcarra era vicepresidente).

Una segunda derrota desencadenaría no solo la caída del gabinete sino también elecciones legislativas, mientras se deja al presidente en el cargo.

Vizcarra utilizó la ventaja que esto le da en setiembre dle año pasado. El Congreso le dio la confianza a su gobierno, luego promulgó el primer conjunto de reformas que buscaba. Intentó la misma táctica en junio de este año, con menos efecto. El Congreso respaldó al Gobierno, pero frustró algunas reformas. De ahí el llamado del señor Vizcarra a nuevas elecciones generales.

Lo que sucederá ahora es incierto. Los legisladores de la oposición quieren deshacerse del presidente sin dejar el cargo ellos mismos. Tamar Arimborgo, una congresista de FP, lo llamó "dictador" por abogar por elecciones anticipadas. Sus enemigos podrían tratar de censurarlo.

En ese caso, la vicepresidenta, Mercedes Araóz, tomaría su lugar.

Pero la Constitución hace que sea difícil eliminar al presidente con un golpe quirúrgico. Si Vizcarra renuncia, e induce a la vicepresidenta Aráoz a seguirlo, el presidente del Congreso estaría obligado a convocar elecciones generales.

Vizcarra podría pedir un tercer voto de confianza. Esto pondría al Congreso en un dilema. Un respaldo de Gobierno despejaría el camino para la votación anticipada que desdea Vizcarra. Un voto de no confianza le permitiría convocar a una nueva elección legislativa. En cualquier caso, los 130 legisladores estarían fuera.

De una forma u otra, Vizcarra y el Congreso actua bien podrían desaparecer el año próximo. Los ministros del Gobierno argumentan que el país no puede permitirse otros dos años de estancamiento. La economía está a la deriva. El PBI se expandió 1.5% en los primeros cinco meses del 2019, en comparación con el 4.9% en el mismo periodo hace un año, según Banco Central. Vizcarra tiene razón al decir que el Perú necesita un gobierno que funcione. Pero está claro que las nuevas elecciones proporcionen uno.

Más de 20 partidos políticos están registrados para presentar candidatos presidenciales y para el Congreso. Muchos de estos se han visto empañados por el escándalo de Odebrecht. Fuerza Popular y el Apra, otro partido de oposición, no tienen candidatos presidenciales creíbles. La fundadora y líder de FP, Keiko Fujimori, está detenida desde octubre en espera de juicio por aceptar supuestas contribuyentes ilegales de Odebrecht en el 2011, cuando dirigió la primera de las dos compañas presidenciales en las que perdió. El antiguo líder del Apra, el expresidente Alan García, se suicidó en Abril de ese año cuando se enfrentaba a un arresto por aceptar sobornos de la firma brasileña.

Vizcarra no tiene partido ni heredero político. Cuando Ipsos, un encuestador preguntó recientemente a los peruanos por sus puntos de vista sobre 16 políticos, solo uno tenía un índice de aprobación superior al 10%. Ese fue George Forsyth, un exarquero de fútbol que desde enero ha sido alcalde de La Victoria, un distrito de la capital de Perú. Un tercio de los peruanos no apoya a ningún político. La elección propuesta por Vizcarra, si sucede, sería un salto hacia lo desconocido.

La elección propuesta por Vizcarra, si sucede, sería un asalto hacia lo desconocido.

Él sabe que la salida del punto muerto del Perú son mejores líderes y partidos políticos. Desafortunadamente, está siendo impedido por el mismo sistema que quiere cambiar.

Publicado en Gestión, 05 de agosto del 2019.